El juicio a los ocho rugbiers acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell, en enero de 2020, estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 (TOC 1) de Dolores, que ahora deberá poner fecha de inicio, según informaron hoy fuentes judiciales.
El tribunal estará integrado por los jueces María Claudia Castro y Christian Rabaia, mientras que el tercer miembro se definirá por sorteo entre magistrados del Departamento Judicial de Dolores, porque el puesto se encuentra vacante.
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Por parte del Ministerio Público intervendrá el fiscal Juan Manuel Dávila, a cargo de la Fiscalía de Juicio 8 de Dolores, aunque es probable que se designe además a un segundo fiscal para colaborar en el debate.
Si bien la instrucción del caso estuvo a cargo de Verónica Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6 de Gesell, por tratarse de una fiscalía descentralizada ubicada a más de 150 kilómetros de la sede del tribunal, en el juicio intervendrán fiscales de la cabecera del departamento judicial.
“Solo quiero Justicia para Fernando”, se limitó a asegurar Graciela Sosa, la madre del joven asesinado, apenas se enteró del sorteo del tribunal que llevará adelante las audiencias del juicio por el crimen de su hijo.
Fuentes de la causa indicaron que el debate oral todavía no tiene una fecha, y que antes de que se defina deberá convocarse a las partes a una audiencia preliminar.
En esta instancia, tanto la defensa de los acusados, a cargo de Hugo Tomei, como la querella que representa a los padres del joven de 18 años asesinado, encabezada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, ofrecerán las pruebas a utilizar ante el TOC 1, tal como establece el artículo 338 del Código de Código Procesal Penal bonaerense.
De acuerdo a la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22).
Los ocho rugbiers acusados de matar a Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 frente al boliche Le Brique están imputados por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero.
En el juicio se debatirán además las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando, que se encontraban con él cuando fue asesinado.
En el marco de la investigación del homicidio, fueron sobreseídos otros dos jóvenes, acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20).
De acuerdo a la instrucción del caso, el crimen de Fernando se produjo “entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en Avenida 3 y Paseo 102, pleno centro de Gesell.
El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de personas presentes en la zona, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.
Según la investigación, los ocho jóvenes que serán juzgados “acordaron darle muerte” al joven estudiante de derecho, y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.
La fiscal indicó en su pedido de elevación a juicio que “aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron” en el suelo “varias patadas en su rostro y cabeza”, y los golpes le produjeron “lesiones corporales internas y externas” que “provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo”.
Precisó además que “luego de su cometido”, los rugbiers “se dieron a la fuga del lugar, pretendiendo lograr su impunidad, habiendo sido aprehendidos por personal policial en las inmediaciones del lugar de los hechos”.
Tras la elevación a juicio, los imputados renunciaron a la posibilidad de ser sometidos a un juicio por jurados, porque consideraron que no era posible conformar un tribunal ciudadano que no estuviera condicionado, debido a “la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló” a través de los medios.
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