Un narcotraficante que cumple una pena de 24 años de prisión fue condenado a tres años más por amenazar en pleno juicio a una fiscal y, telefónicamente desde la prisión, a los jueces de un tribunal oral, informaron este jueves fuentes judiciales.
“Te burlaste de la muerte de la esposa de mi compañero, ya vas a ver” y luego aseguró: “Acordate que me la cobro, culiada, vas a ir a mirar vidrieras con custodia”, le dijo el 5 de agosto pasado el preso Raúl Daniel Bressi Escalante a la fiscal mendocina Gloria André, quien llevó adelante uno de los dos procesos por los que terminó condenado a una pena única de 24 años de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en calidad de organizador, según dio a conocer el sitio Fiscales.gob.ar, del Ministerio Público Fiscal (MPF).
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Esa intimidación ocurrió durante una audiencia de debate y, según el MPF, esos dichos no constituyeron un hecho aislado o un exabrupto, ya que con anterioridad el mismo preso había amenazado con lesionar a miembros de un tribunal.
Al respecto, los voceros detallaron que el año anterior, el 16 de febrero de 2022, Bressi Escalante llamó desde la cárcel por teléfono al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mendoza y, ante el auxiliar que lo atendió, se quejó por el trato médico que recibía y le advirtió que no le costaba “nada” mandar a pegarle a los jueces, que sabía dónde vivían muchos de ellos y que él “manejaba todo” desde la prisión.
A su vez, expuso que él “metía toneladas de marihuana” en Mendoza e insistió en que cumpliría con lo que decía, y que, si no le creían, vieran en su legajo personal “cómo le quedó la casa a un juez de San Luis”.
No obstante, tras proferir esas amenazas el recluso le envió al tribunal un manuscrito por mail en el que se disculpó por las amenazas.
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EL JUICIO DEL JUICIO
Por todas las intimidaciones -tanto la que hizo presencialmente en la audiencia, como la telefónica-, el preso fue condenado el pasado martes a tres años de prisión por el Juzgado Federal 3 de Mendoza, subrogado por Susana Beatriz Pravata, en el marco de un juicio abreviado en el que su defensa acordó una pena con la fiscalía.
En el acta de acuerdo para el juicio abreviado firmada el 28 de noviembre pasado, el representante del MPF y el imputado acordaron mantener la calificación legal por la que fue elevada la causa a juicio.
En ese sentido, entendieron que la conducta desplegada por Bressi Escalante encuadraba en el delito de amenazas por dos hechos, que concurren en forma real entre sí.
Para la fiscalía, la materialidad de los hechos quedó demostrada en la constancia de la comunicación telefónica al Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza, en el manuscrito remitido por Bressi Escalante vía correo electrónico y en la grabación y la transcripción de la audiencia en la que profirió amenazas a la fiscal André.
Y al homologar el acuerdo, la jueza argumentó: “Todos los elementos probatorios señalan que la conducta desplegada por Raúl Daniel Bressi Escalante tenía como finalidad alarmar o amedrentar a los magistrados y funcionarios a cargo de la causa que lo tiene detenido. La prueba producida en autos, permite tener por acreditado que los dichos del encausado tenían por finalidad infundir temor e intimidar a los nombrados lo que, a su vez, motivó que se adoptaran medidas de seguridad sobre los mismos y sus familias”.
En ese sentido, la magistrada manifestó que su objetivo era “producir temor o intranquilidad en los funcionarios a cargo de la causa en la cual se encuentra detenido” y que, si bien se retractó al momento de prestar declaración indagatoria, “el delito ya se había consumado”.
De esta manera, Pravata estableció una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas en dos hechos que concurren en forma real, además de disponer su reincidencia.
Bressi Escalante había sido condenado el 12 de junio de 2018 a la pena de catorce años de prisión y luego, el 12 de agosto de 2022, a otros 19 años de encierro, tras un proceso en el que también intervinieron la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y la fiscalía Federal de San Rafael, a cargo de Ignacio Sabas, al cabo del cual fue declarado reincidente.
En ambos casos fue hallado responsable del delito de tráfico de estupefacientes en forma organizada en calidad de organizador.
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