Familiares y amigos de María Dolores Juncos, asesinada de once puñaladas por su pareja hace exactamente dos años en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, reclamaron hoy a la justicia que le revoque al femicida su arresto domiciliario, luego de que los vecinos denunciaron que el hombre “hace su vida con normalidad y hasta sale de paseo”.
“Les rogamos a los jueces que Acuña no siga con prisión domiciliaria porque no la respeta. Hace su vida normal, va a comprar, va al banco, sale a pasear”, expresó angustiada en diálogo Soledad Juncos, hermana de la víctima, durante una marcha de protesta realizada hoy en la puerta del domicilio donde se produjo el crimen y en el que aún vive el femicida Ramón Hermes Acuña (78), ubicado en la calle Fournier al 1000, de Isidro Casanova.
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Allí, casi un centenar de personas se concentraron pacíficamente pasadas las 11 de la mañana, donde reclamaron con pancartas “no más impunidad y beneficios para femicidas”, a la vez que colocaron flores de color violeta, rojo y azul entre las rejas de la vivienda, la cual estaba con las persianas bajas.
Pegada en el frente de la casa, yacía una carta de una de las hijas de 17 años de María Dolores (17) sobre una cartulina lila, la cual rezaba: “Mientras yo, Candela Juncos, esté viva, no te voy a dejar tranquilo. Hermes Acuña sos un asesino”.
En ese mismo domicilio, el 15 de septiembre de 2020, María Dolores fue asesinada de 11 puñaladas por Hermes Acuña, quien era su pareja hacía 9 meses, luego de que ella quisiera separarse de él, ya que estaba cansada de las constantes escenas de celos y amenazas que le realizaba el hombre.
Luego de cometer el crimen, Acuña intentó suicidarse con un arma blanca y terminó internado en el hospital Paroissen, donde se recuperó de sus heridas, para luego ser trasladado a la Unidad Penal de Melchor Romero.
Sin embargo, fue liberado el 22 de febrero pasado, tras ser considerado “inimputable” por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Matanza, conformado por los jueces Alfredo Drocchi, Matías Rouco y Andrea Schiebeler, quienes fundaron su decisión en una pericia psiquiátrica realizada por profesionales del Gabinete Psiquiátrico Forense, dependiente de la Dirección de Salud Mental de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, la cual determinó que Acuña “no presenta riesgo cierto e inminente en la actualidad”.
A pesar de ello, tres meses después, la sala primera de la Cámara de Apelación y Garantías de La Matanza, presidida por el juez Gerardo Lucio Frega, hizo lugar a un planteo presentado por el fiscal de la causa Alfredo Luppino para que se “revoque el sobreseimiento” y “se haga nula la excarcelación”, por lo que se ordenó la realización de un nuevo juicio y que el hombre permanezca bajo el régimen de prisión domiciliaria.
En ese sentido, según relataron vecinos de la zona, Acuña se encontraba esta mañana en la vivienda, y denunciaron que no cumple con su arresto domiciliario.
“Yo lo veo casi todos los días. Sale a hacer las compras lo más tranquilo. Va a pasear a lo de su hija y anda por la calle con sus nietos. Es aberrante. Lo que hace la Justicia es inaceptable”, señaló a la prensa un vecino del barrio que prefirió resguardar su identidad, quien, a su vez, agregó: “Tenemos miedo de vivir cerca de un hombre así. No sabemos cómo puede reaccionar”.
Al respecto, Soledad Juncos dijo estar “indignada” con la Justicia ante tal situación y describió que volver a estar frente a la casa de los hechos le generó “dolor, angustia y muchísima rabia”.
“Me hace mucho daño saber que acá él mató a mi hermana y que acá ella tuvo su último suspiro. Al estar acá se me vienen imágenes a la cabeza, en las que pienso en el sufrimiento y dolor que tuvo mi hermana antes de morir. En que nadie la ayudó. Miro la ventana y siento sus gritos pidiendo auxilio. Hoy, a dos años, el dolor cada día se hace más fuerte y crece cada día más”, señaló entre lágrimas Soledad Juncos mientras sujetaba un cartel con la fotografía de su hermana.
A su lado, Karina Juncos, opinó que Acuña no debería estar allí y pidió que pague su pena “en una cárcel o en un neuropsiquiátrico”.
“Él no puede estar en su casa mientras las hijas y toda la familia de Mari están sufriendo. Nos arruinó la vida. Queremos que se termine esto de una vez por todas. Esta lucha es muy larga. Te termina enfermando porque uno se cansa de toda la injusticia que hay con él”, relató la mujer.
Acompañando el reclamo, también se encontraban en el lugar familiares de víctimas de femicidios y agrupaciones sociales, quienes dieron una serie de discursos ante la gente presente en el lugar.
EL FEMICIDIO
El 15 de septiembre de 2020, en horas de la mañana, una empleada de limpieza que trabajaba en la vivienda de Acuña escuchó gritos y, poco después, con la hija del hombre encontraron a la víctima, ya sin vida. En tanto, el hombre estaba tendido al costado del cadáver, también con heridas de arma blanca, por lo que llamaron al 911. Tras el arribo de efectivos policiales, Acuña fue trasladado al hospital Paroissien, también de Isidro Casanova, donde quedó internado tras ser intervenido quirúrgicamente. Luego, se recuperó y fue trasladado a la Unidad Penal de Melchor Romero.
Pasó poco más de un año en una celda hasta que el 22 de febrero pasado fue declarado inimputable por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de La Matanza, que decidió enviarlo a su domicilio bajo la sugerencia de realizar un tratamiento psiquiátrico. El fiscal del caso, Alfredo Luppino, esgrimió que representa un “riesgo para terceros”
María Dolores Juncos tenía 38 años cuando fue asesinada..
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