La embestida del intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, contra los fiscales que trabajan en su distrito, a quienes acusó de proteger a la delincuencia y al narcotráfico, reveló una maniobra del procurador general Julio Conte Grand para proteger a otro intendente de Juntos por el Cambio.
Se trata de Camilo Etchevarren, de Dolores, quien mantiene desde hace casi una década un enfrentamiento con el fiscal general de ese departamento judicial, Diego Escoda, y con todos sus subalternos.
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Etchevarren denunció a los fiscales Gustavo García, Gabriela García Cuerva, Juan Manuel Dávila y a los jueces Laura Elias, Christian Gasquet y Santiago Cremonte. A todos difamó y denunció ante el Consejo de la Magistratura. Denunció también a secretarios del ministerio público fiscal, entre otros. Ninguna denuncia prosperó. La última de ellas fue rechazada por el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios de la Provincia en noviembre de 2020.
Los argumentos de Etchevarren se parecen mucho -demasiado- a los que hoy esgrime Santoro, quien también tiene causas penales que tramitan en Dolores. Desde 2010 el intendente dice que en su distrito “todos saben quiénes son los que venden droga” y que “desde que está este fiscal (por Escoda), no se atrapó a nadie”. No fue una, sino decenas de veces las que insistió con el tema.
La llegada de Julio Conte Grand -un hombre muy identificado con el PRO, al punto que fue Secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal– diluyó el conflicto, que de a poco fue desapareciendo. ¿Cómo lo hizo? Magia: a través de una serie de resoluciones, logró que cualquier denuncia que se tramite contra la Municipalidad de Dolores tiene que radicarse en Bahía Blanca, a 576 kilómetros.
Fue mediante las resoluciones 528/18, 529/18, 530/18, 615/18 y 622/18, que ni siquiera están publicadas en la web oficial del Ministerio Público. Cosa de Mandinga, dirían en el campo. Desde que Conte Grand puso la firma en ellas, la pirotecnia verbal de Camilo Etchevarren contra Escoda y compañía fue decayendo. También fueron desapareciendo, como por arte de magia, las denuncias contra el Intendente.
El propio municipio lo celebró con un parte de prensa oficial. En noviembre de 2020, el Fiscal Dr. Mauricio Darío del Cero, titular de la UFIJ Nº 18 de Bahía Blanca, desestimó, “por la inexistencia de evidencias”, una causa contra Etchevarren, que aprovechó para atacar a los fiscales Gabriela García Cuerva y a los jueces de garantías Laura Elías y Cristian Gasquet por su “persecución y pérdida de objetividad”. Según la denuncia, Etchevarren había firmado decretos municipales a pesar de estar gozando de la licencia que había solicitado y obtenido de parte del Concejo Deliberante.
Las causas que tiene en su contra Etchevarren son varias y distinguidas. Una de ellas fue iniciada por el presidente del Colegio de Magistrados, Santiago Cremonte, quien denunció amenazas y coacción luego de que el Intendente le recomendara públicamente que cuide a los sobrinos, que no iba poder salir a la calle, que antes de hacer algo se fije qué le iba a pasar a la esposa y a los hijos.
También se le imputa el delito de desobediencia (IPP 03-00-2881-18), defraudación y administración fraudulenta conexa (IPP 03-2304-17), abuso y autoridad y violencia obstétrica (IPP 2164-20), entre otras. Todas fueron derivadas a Bahía Blanca, donde su seguimiento se hace muy cuesta arriba.
¿Es legal lo que hizo Conte Grand?
“Fue una de las primeras cosas que hizo cuando asumió como procurador Conte Grand”, recordó en diálogo con INFOCIELO Verónica Celasco, ex concejal peronista, que fue testigo en algunas causas contra Etchevarren. “No sabemos en qué estado están las investigaciones, ni si se elevaron a juicio. No tenemos acceso”, se quejó.
La cuestión no sería demasiado preocupante si la administración del intendente fuera transparente. Según los concejales, no lo es. “No nos dan la documentación para acceder al control de cuentas, es muy difícil trabajar. Si a un concejal le cuesta, imaginate a un ciudadano”, razonó Celasco.
Fuentes judiciales altamente calificadas señalaron a INFOCIELO que el único mecanismo para que un fiscal se aparte de un caso es la excusación. Sólo en el caso de que la totalidad de los fiscales esté impedido, por licencia, ausencia, feria judicial, vacancia u otra razón, la resolución 342/08 -firmada por la antecesora de Conte Grand, María del Carmen Falbo– admite la designación de fiscales de otro departamento judicial. Claro que, de acuerdo al artículo 4 de esa norma, debe ser “el más cercano”.
Pero Bahía Blanca es, de hecho, el departamento judicial más lejano a Dolores: 576 kilómetros los separan. Nadie se explica por qué no se trasladó la competencia a La Plata, Quilmes, Azul o Mar del Plata, distantes 200 kilómetros de Dolores, o a cualquier otro departamento judicial del Conurbano. Hay 11 opciones a menos de 300 kilómetros y sólo 6 por encima de esa distancia. Conte Grand se inclinó por la más incómoda.
Por eso no extraña que, desde General Madariaga, muy cerca de Dolores, otro intendente ensaye la jugada de Etchevarren. Parece una apuesta segura para ser alcanzado por la “doctrina Conte Grand”.
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