El femicidio de Úrsula Bahillo, a manos de Matías Martínez, un policía bonaerense, tocó el nervio legislativo y fueron varios los diputados y senadores que se pusieron como objetivo plasmar en el corto plazo reformas para combatir la violencia de género y especialmente los femicidios.
Uno de ellos fue Jorge D’Onofrio, que rápidamente planteó la necesidad de eliminar el beneficio de la prisión en suspenso para quienes estén acusados de perpetrar actos de violencia contra mujeres.
TE PUEDE INTERESAR
La idea es lograr que se implemente “un arresto efectivo con tratamiento durante treinta días”, según indicó el legislador massista a INFOCIELO, con la premisa de evitar, más temprano que tarde, un femicidio.
D’Onofrio consideró que se avanzó “mucho” para identificar la violencia de género, pero cuestionó que a pesar de eso no se logra evitar. “El Estado tiene que actuar cuando aparecen los primeros síntomas de violencia. Debe obligar a hacer tratamientos, a que la respuesta del sea efectiva para poner distancia entre el agresor y la agredida”, enumeró al respecto.
Hoy se le sumó a D’Onofrio otro legislador que responde a Sergio Massa. Se trata del senador José Luis Pallares, que promueve dos proyectos de ley para dar respuesta a la violencia de género por parte de la Justicia y para garantizar el derecho a la identidad biológica o de origen de las personas que desconocen quiénes son sus padres y familiares cosanguíneos.
El primero de estos proyectos establece mecanismos de emergencia para la violencia de género, a partir de obligar a policías, jueces y fiscales a actuar con rapidez frente a un violento a través de un procedimiento ágil que permitirá detener preventivamente y someter a control y tratamiento inmediato a los que ejercen violencia de género, para evitar escaladas que conduzcan a femicidios, travesticidios y transfemicidios.
“No sólo el personal policial deberá detener de inmediato al agresor sino que se da más facultades a los jueces para adoptar medidas eficaces, y se obliga al Poder Judicial a actuar, convirtiendo la inacción en causal especial de remoción de magistrados”, explicó el legislador de Lanús, alineado con el proyecto de Sergio Massa.
Por otra parte, el proyecto E 60 /2021-2022 garantiza el derecho a la identidad biológica o de origen a todas las personas que tengan dudas acerca de la misma, la ignoren o sospechen haber sufrido error, alteración, sustitución o supresión de identidad..
“El derecho a la identidad fue incorporado por gestión de Abuelas de Plaza de Mayo a la Convención de los Derechos del Niño”, recordó el legislador, explicando que su proyecto abarca a personas privadas de su identidad fuera del marco del Terrorismo de Estado, pero que tienen el mismo derecho a saber quiénes son sus padres y familiares cosanguíneos y poder así reconstruir su historia personal y familiar.
Para ello el proyecto prevé tres caminos: la averiguación particular directa, la intervención de un organismo especial del Estado y un procedimiento judicial especial ante el fuero de familia, poniéndose a disposición de los afectados todos los recursos, archivos, bases de datos y expedientes a fin de reconstruir sus lazos de sangre.
TE PUEDE INTERESAR
