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La Argentina cumple por estas horas seis meses en estado de pandemia por coronavirus. El primer caso nacional se reportó el 3 de marzo de este año y pronto se agitaron los fantasmas de España e Italia, donde, por entonces, las salas de terapia intensiva no daban abasto y los médicos debían elegir a quién le daban asistencia mecánica respiratoria.
Evitar que ese cuadro se replique en el país fue uno de los principales desafíos de los gobiernos de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, que de inmediato arbitraron medidas al respecto. La primera fue el aislamiento social, que permitió aplanar la curva y ganar tiempo para equipar hospitales. Dio resultado: la Provincia tenía 883 camas de terapia intensiva en el sistema público y hoy tiene 2.142.
También cuenta con nueve hospitales modulares nuevos y sectores inaugurados en los nosocomios que María Eugenia Vidal y Mauricio Macri dejaron sin terminar. A la par, se acondicionaron decenas de unidades de terapia intensiva en los municipios del interior, donde la dotación era especialmente baja.
Hoy, la ocupación de esas camas es alta. En el primer cordón del Conurbano bonaerense coquetea peligrosamente con el 100 por ciento, en el Área Metropolitana de Buenos Aires está en 69 por ciento y sobre el total de la Provincia es de 60 por ciento, equivalente a 1.292 lugares en uso.
El problema, hay que aclararlo, excede al Conurbano bonaerense. En el interior, si bien la cantidad de casos es menor porque, salvo excepciones, no hay circulación comunitaria, también es cierto que la infraestructura disponible es menor. Se trata, en definitiva, de una cuestión de proporciones. Sobre el final de la semana pasada había cinco distritos del interior en el selecto grupo de los que presentaban más de 1.000 casos por cada 100 mil habitantes.
La situación fue especialmente grave en Bragado, donde llegaron a ocuparse 7 de las 8 camas de terapia intensiva disponibles tras un brote de coronavirus. Esto llevó a que se pusieran en marcha los protocolos de colaboración impulsados por la Provincia, para que algunos municipios pudieran atender casos de distritos vecinos, sean graves o leves, en cuyo caso demandarían ocupación de centros de aislamiento.
La aceleración de casos que se detectó en la última semana llevó a que muchos se preguntaran qué puede pasar si incluso estas previsiones resultan insuficientes. El director de hospitales de la Provincia, Juan Riera, lo explicó ayer en una entrevista concedida a “Todo no se puede”, al aire de LA CIELO 103.5 FM.
“Todos los hospitales de la provincia tienen un comité de ética que tiene un protocolo para decisiones difíciles”, indicó el funcionario. Es en ese marco donde se define “cuál es la persona que, ante un recurso crítico, tiene la posibilidad de beneficiarse, y quién no”. “No es una decisión que toma un médico sino un comité de ética”, insistió Riera.
El protocolo que indica Riera fue revisado en el marco de la pandemia generada por el coronavirus. Esto ocurrió el 21 de mayo, mediante una resolución firmada por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán. Allí se instruye a los hospitales del sistema público de salud a disponer “las medidas necesarias para la creación de un Comité de Bioética Clínica por nosocomio” que dependa “de la dirección ejecutiva del establecimiento sanitario”.
Si bien existe un Comité de Ética Central, la Provincia dispuso que sea cada hospital el que toma la decisión cuando llega un caso extremo. El Ministerio de Salud recomendó un modelo -el del Estatuto Modelo de Comité de Bioética Clínica-, pero su uso no es excluyente.
En paralelo, el Gobierno nacional creó un Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia COVID 19, mediante un decreto publicado a fines de junio. Ese comité tiene carácter “asesor y consultivo” para brindar asesoramiento al Ministerio de Salud.
El Comité Nacional emitió prontamente un documento que presentó “criterios focalizados en el derecho integral a la salud y la delimitación de responsabilidades éticas para el uso de los recursos críticos ante esa situación”.
En ese texto figuran 15 lineamientos para la “Toma de decisiones en la asignación de recursos a pacientes que requieren cuidados críticos”. El primero señala que “no se debería priorizar a personas en su acceso a cuidados críticos por criterios relacionados a edad, género, clase social, etnia, valor social, discapacidad, rol social ni ningún otro criterio no médico”.
También subraya que la asignación de recursos debe atender a “criterios clínicos fundados en evidencia científica”, aunque marca excepciones: “si se presentara un gran número de personas con similares probabilidades de beneficiarse por el ingreso a cuidados intensivos frente a la disponibilidad de un único recurso, lo que sería extremadamente excepcional, la elección aleatoria (al azar) sería el proceso más justo”, indica en un inciso, que resume el damatismo de la situación.
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