En medio del ahogo financiero que impone Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, creó el Régimen de uso responsable y optimización funcional de Servicios de Comunicaciones Móviles. El Decreto regula el uso de teléfonos celulares en el ámbito de la administración pública bonaerense. Hay límites y sanciones.
En líneas generales, la norma publicada en el Boletín Oficial de este jueves busca adoptar medidas para “racionalizar y optimizar” el uso de los celulares. El objetivo es “lograr el máximo de eficiencia”, dice el Decreto 1183/24. Esto supone, entre otras cosas, mejorar la manera en que cada teléfono se asigna a un usuario y controlando su devolución, reposición, reparación y uso.
La norma vino acompañada con el reglamento, llamado Régimen de uso responsable y optimización funcional de servicios de comunicaciones móviles. En este documento se establecen los detalles de esta nueva regulación que alcanza a toda la administración pública provincial centralizada, descentralizada y organismos de la Constitución. Ahí se insiste con la obligación de hacer un “uso racional y eficiente de los equipos y servicios de comunicaciones móviles”.
El reglamento establece que podrán acceder a un teléfono móvil quienes tengan un rango o jerarquía no inferior a director provincial o equivalente. Además, cada equipo tendrá servicios de un plan comercial estándar que si es superado los gastos extra “deberán ser solventados por cada usuario”.
A esa limitación hay que sumarle algunas prohibiciones. La Dirección Provincial de Telecomunicaciones, que estará a cargo de ejecutar el nuevo régimen, tendrá una nómina de servicios “no permitidos” que los funcionarios no podrán usar. A priori, ya se prohibió “la utilización de servicios de comunicaciones móviles vinculados a programas de entretenimiento televisivos, ringtones y/o melodías, donaciones de cualquier índole y otras de similares características”.
Lo que sí se permitirá es el uso de servicios de discado directo internacional o roaming internacional. Sin embargo, esto será solo para ministros secretarios y funcionarios del Poder Ejecutivo con rango y jerarquía equivalente. Nuevamente, la Dirección de Telecomunicaciones será la encargada de autorizar ese servicio especial y de renovarlo cada 30 días si lo considera pertinente.
