La fiscal Cecilia Corfield llamó a indagatoria a Guillermo Berra, ex titular de Asuntos Internos durante el gobierno de María Eugenia Vidal, en el marco de una causa en la que se investigan presuntos actos de espionaje y tareas de inteligencia contra intendentes, fiscales, y policías.
Berra y su cónyuge, María Rosario Sardiña, deberán presentarse en la UFI 15 el próximo 29 de junio, para comparecer en el marco de una causa que se caratula “Abuso de autoridad en dos hechos en concurso real entre sí y peculado”. Si se comprueban los delitos imputados, pueden recibir condenas de hasta 10 años.
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Según consta en las denuncias, el 20 de septiembre de 2016, cuando, siempre según la fiscal, Berra y Sardiña “abusando de los deberes de su cargo, obtuvieron información y practicaron, ya sea personalmente o por terceros dependientes, tareas de inteligencia sin intervención judicial alguna respecto de Néstor Omar Martín y su grupo familiar”.
También marca que entre 2016 y 2019 los imputados “obtuvieron información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial enmarcada en la ley 13.982 ni en el decreto 1050/09”.
La lista de personas físicas y jurídicas investigadas, según la denuncia, es extensa. Va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios, como José C. Paz, Berazategui, Lincoln, Tres Arroyos. También se incluye entidades intermedias, empresas privadas.
En cuanto a las personas físicas figuran Marcelo Rochetti, jefe de Gabinete de Ritondo; Sergio Maldonado, César Melazo, Fernando Espinoza, Mario Ishii, y varios más, entre los cuales figuran intendentes, funcionarios del poder judicial e incluso el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, que aparece como uno de los objetivos de esas tareas de inteligencia, junto con su equipo de colaboradores más cercanos.
La imputación y el llamado a indagatoria de Berra equivale a un procesamiento de la Justicia Federal. Se trata de un paso fundamental para empezar a desentrañar lo que se presume fue una red de inteligencia cuyos terminales serían el procurador Julio Conte Grand, la diputada Elisa Carrió, quien lo promovió y cobijó, y la exgobernadora María Eugenia Vidal.
La causa surgió a partir de una denuncia del ex Comisario Néstor Omar Martín, quien apuntó contra Berra y contra su pareja, María Rosario Sardina, a quienes acusó de haber puesto en marcha un “plan sistemático de persecución y hostigamiento a funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del Gobierno anterior”.
Las primeras pesquisas -entre ellas un allanamiento contra Asuntos Internos, en octubre del año pasado- encontraron indicios de actividades de inteligencia a más de un centenar de personas, sobre las que se dispararon órdenes de servicio por parte de AI para que se proceda a realizar “tareas encubiertas y averiguaciones discretas, en horarios discontinuos” en determinadas zonas, según fuentes de tribunales.
Fuentes judiciales le dijeron a INFOCIELO que de las pesquisas, entre las que consta una “copia espejo” de las computadoras, que se analizaron a lo largo de este tiempo, surgió cantidad de evidencia. “Se encontró de todo: incluso claves de acceso a servicios pagos como veraz, nosis y afines”, aclararon. También se sospecha que se utilizaron vehículos oficiales, sostenidos con dinero del Estado, para realizar tareas de inteligencia.
La red podría tener terminal en la mismísima María Eugenia Vidal, a quien se señala como el “contacto directo” de Berra, a través de la relación personal con su esposa, María Rosario Sardiña. INFOCIELO explicó en su momento que Sardiña quedó al frente de una dirección de Auditoría Patrimonial para direccionar las investigaciones en curso.
La clave de la sospecha se encuentra en el artículo 11 de la Ley de Inteligencia Nacional. La norma prohíbe “la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes, o grupo de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquier de sus etapas asignadas por le presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional”.
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