En la actualidad, cada vez más personas toman conciencia sobre la importancia del cuidado tanto de animales domésticos como la fauna, por lo cual en muchas oportunidades recurren a los agentes para hacer las denuncias pertinentes. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones, ocurre que los funcionarios y empleados estatales no cuentan con las herramientas necesarias para brindar una solución frente a estas problemáticas tan recurrentes. Frente a este dilema, Micaela Draicchio, abogada y trabajadora judicial del partido de San Vicente, elaboró un proyecto de ley que obliga a los agentes estatales a capacitarse en derecho animal. ¿De qué se trata esta norma que promete dar un paso hacia la protección de los animales en la provincia de Buenos Aires?
Desde chica, Micaela siempre tuvo una sensibilidad especial por los animales, particularmente por aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad a causa del abandono y el maltrato. Por esta razón, siempre que pudo, dedicó horas de su vida a ser rescatista y a brindar auxilio cuando estos seres se encontraban en una situación de urgencia. Este espíritu la llevó a estudiar abogacía y a especializarse en derecho animal, una rama del derecho compleja por los distintos debates jurídicos y éticos que giran en torno a los animales como sujetos de derechos.
En su experiencia como rescatista, se enfrentó a numerosas situaciones en las que, tras una denuncia por violencia contra un animal, los funcionarios del Estado desconocían cómo abordar este conflicto tan frecuente. Por otra parte, como trabajadora judicial, realizó capacitaciones en diversas materias como la Ley Micaela, que obliga a todas las personas que se desempeñan en la función pública a capacitarse en cuestiones de género, y la Ley Yolanda, que garantiza la formación integral en ambiente. Estas experiencias, aunque parecieran muy disímiles entre sí, tenían un punto en común: la instrucción de agentes del Estado para garantizar el cumplimiento de derechos. Esto marcó el puntapié para que la letrada sanvicentina se animara a dar un paso para transformar la realidad de miles de seres que son víctimas del sufrimiento. Fue así que pensó en la posibilidad de que exista una ley con el mismo objetivo: capacitar a funcionarios y empleados del Estado, pero con un contenido enfocado en los derechos de los animales.
Con algunas observaciones de los abogados animalistas Mauricio Trigo y Susana Dascalaky, a finales de 2023 redactó el proyecto de ley dirigido a todas las personas que se desempeñan en la función pública, en cualquiera de sus niveles, para capacitarse obligatoriamente en materia de derecho animal. En un principio, pensó en presentar el proyecto en el Congreso de la Nación. Un grupo de legisladores de Unión por la Patria lo aceptaron, pero le propusieron que lo presentara otro espacio, no opositor, para que tuviera mayor proyección. Sin embargo, teniendo en cuenta la compleja dinámica política actual, la abogada prefirió avanzar en el ámbito municipal y provincial.
¿Cómo es el proyecto de ley de capacitación en derecho animal de la provincia de Buenos Aires?
El primer paso para que este proyecto se convirtiera en una realidad fue presentarlo en su propio municipio. A mediados de este año, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que convirtió a San Vicente en el primer municipio del país en obligar a sus funcionarios a capacitarse en derecho animal y así responder con conocimiento ante situaciones de maltrato y abuso hacia los animales. Esta norma local es ni más ni menos que un antecedente fructífero para que otros distritos comiencen a tratar proyectos similares. De esta manera, Micaela entabló diálogo con concejales de otros municipios bonaerenses como Lomas de Zamora, Vicente López y Ezeiza, donde fue recibida por distintos espacios políticos para lograr la aprobación del proyecto de ley.
Fue así como la abogada decidió avanzar a nivel provincial y su proyecto fue presentado en ambas cámaras. “En la provincia de Buenos Aires, ya cuenta con estado parlamentario y está siendo tratado por la Comisión de Ambiente. Afortunadamente, tuvo buena repercusión desde el amplio espectro político. El proyecto fue presentado en Diputados por el bloque UCR-Pro, mientras que en Senadores lo hizo Unión por la Patria. Que los proyectos sean impulsados en ambas cámaras brinda mayor celeridad, consenso y garantía de mayorías”, expresó Micaela Draicchio en diálogo con Infocielo.
Para elaborar el texto, Draicchio se fundamentó en la Ley Penal Nacional N° 14.346, cuyo artículo 1° pena con prisión de quince días a un año a quien infligiere malos tratos o actos de crueldad a los animales. A diferencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que cataloga a los animales como cosas, la terminología “víctima” desde la normativa penal es la piedra angular de la jurisprudencia nacional que entiende a los animales como sujetos de derechos. De igual manera, el proyecto de ley provincial, en su segundo artículo, les reconoce este estatus jurídico.
Entre sus diferentes puntos, la formación de los agentes estatales de la provincia estará basada en el conocimiento del amplio marco legal, que incluye la responsabilidad civil y penal por maltrato y actos de crueldad animal conforme la Ley N° 14.346 y su vínculo directo con el resto de las leyes que protegen a los demás animales, junto con la Ley Nacional de Fauna Silvestre N° 22.421 y la Ley N° 27.330 que prohíbe las carreras de perros, entre otras. Además, contemplará la legislación provincial correspondiente como la Ley de Caza N° 5.786 y las ordenanzas municipales de prohibición de tracción a sangre, etc. También incluirá la jurisprudencia y doctrina aplicable tanto nacional como provincial.
Asimismo, tendrá en cuenta cuestiones de ética y bienestar animal, como así también las diferencias entre convivencia y tenencia, el concepto de mascotismo y sanidad animal. Respecto al trabajo puntual de los funcionarios y empleados estatales, la ley contempla el rol de los sujetos alcanzados que se desempeñan en la función pública, los procesos administrativos, la actuación ante denuncias, deberes y obligaciones vinculadas al derecho animal, y la responsabilidad por incumplimiento.
Teniendo en cuenta la variedad de ecosistemas que habitan a provincia de Buenos Aires en su amplio territorio, la letrada consideró las diferentes perspectivas que se le dan a los animales en diversos ámbitos. “No es el mismo tratamiento el que se le da a las aves que a los animales de granja o a los animales destinados al consumo. Tampoco es lo mismo un caballo que la fauna marina. Por eso, también busco que se pueda explicar qué es el bienestarismo, el abolicionismo, el especismo, el antiespecismo, y presentar las distintas posturas desde el punto de vista ético, filosófico y legal”, señaló Draicchio.
Pero las diferencias no se encuentran únicamente en el mundo natural; también en el territorio bonaerense confluyen diferentes perspectivas sociales y culturales, lo que se traduce en variaciones en el vínculo que tienen los habitantes de cada municipio con los animales.
“En el proyecto cada poder lo va a tratar según el ambito de trabajo, ya que no es lo mismo capacitar a un juez que a un policía. Pero también desde lo local, cada municipio lo va a tratar según su perspectiva. Por ejemplo, nosotros en San Vicente tenemos una reserva natural y no es el mismo enfoque que le vamos a dar que capaz un municipio como en Almirante Brown que no la tiene. La idea es que todos sepan todo, pero que cambie el enfoque según la jurisdicción”, remarcó.
Asimismo, la abogada sostuvo: “Muchas veces sucede que vas a la comisaría a denunciar maltrato animal y no te toman la denuncia porque no saben qué hacer y te mandan a zoonosis, de zoonosis te mandan de vuelta a la comisaría. Y en la comisaría te mandan a la fiscalía. La idea es que puedan brindar una atención integral de esta cuestión como algo serio. Lo más importante es la educación y como se trata de agentes del Estado deben estar capacitados. Al saber, se sienten obligados a que accionen. La idea es que sea de forma obligatoria, porque si es optativo no se haría. Así como un empleado municipal tiene la obligación de capacitarse por la Ley Micaela sobre violencia de género y puede aplicarlo no solo en el ámbito laboral, sino también en su vida personal. Esta ley sobre derecho animal vendría a cumplir el mismo trabajo”.
“Empecé a escribir el proyecto a fines del año pasado y a comienzos de este año pude comenzar a acercarlo a ciertos lugares. Y que estemos a mitad de año y ya tenga estado parlamentario a nivel provincial es muy importante, como así que se haya aprobado en un municipio. Tengo toda la esperanza de que se apruebe y que luego pueda presentarse a nivel nacional”, concluyó.
