A pesar de las polémica que desató en parte del sector empresarial, el Gobierno nacional promulgó este viernes la ley que establece un régimen para los contratos de teletrabajo, la cual empezará a regir 90 días después de finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Según reza el texto publicado en el Boletín Oficial, la norma tiene por objeto establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de esta modalidad laboral “en aquellas actividades, que por su naturaleza y particulares características, lo permitan”.
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El régimen se aplicará cuando la tarea a desempeñar “sea efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación”.
Además, establece que las personas que trabajen a distancia gozarán de los mismos derechos y obligaciones que quienes lo hacen de forma presencial y que su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo esa modalidad.
Otras de las claves de la Ley 27.555 son:
- Jornada laboral: debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos. Las plataformas y/o software utilizados por el empleador a los fines específicos del teletrabajo deberán desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma.
- Desconexión digital: el trabajador tendrá derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias. El empleador no podrá exigirle la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral.
- Tareas de cuidado: quienes acrediten tener a su cargo -de manera única o compartida- menores de trece años, personas con discapacidad o adultos mayores que requieran asistencia específica tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado y/o a interrumpir la jornada.
- Voluntariedad: el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito.
- Reversibilidad: el consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas.
- Elementos de trabajo: el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas y asumir sus costos de instalación, mantenimiento y reparación o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja.
- Compensación de gastos: el trabajador tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar.
- Capacitación: el empleador deberá garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que permitan una mejor adecuación de las partes a esta modalidad laboral. La misma no implicará una mayor carga de trabajo.
La normativa había sido sancionada a fines del mes pasado, luego de que el Senado aprobara el proyecto con 40 votos a favor y 30 en contra, luego de un debate con fuertes cruces entre oficialistas y opositores.
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