Una investigación de alcance provincial puso bajo la lupa a más de un centenar de personas vinculadas con delitos sexuales contra niños y adolescentes en entornos digitales. El despliegue terminó con 16 detenidos, 136 domicilios allanados y el secuestro de miles de archivos de abuso sexual infantil que ahora serán sometidos a peritajes.
El procedimiento se realizó el 18 de noviembre en 75 localidades de la provincia de Buenos Aires y alcanzó a 21 departamentos judiciales. Fue la octava edición de la Operación Protección de las Infancias, una iniciativa impulsada por el Ministerio Público bonaerense, bajo la conducción del procurador general Julio Conte-Grand.
El relevamiento permitió identificar a 123 personas: 119 hombres y cuatro mujeres. Pero hubo otros hallazgos que encendieron las alarmas de los investigadores. Siete de los investigados tienen trabajos que implican contacto directo con niños, niñas y adolescentes, mientras que en los domicilios inspeccionados se contabilizaron 59 menores que convivían o estaban presentes durante los procedimientos.

Además, los investigadores detectaron siete posibles víctimas y la participación de ocho menores de edad en intercambios de material de abuso sexual infantil.
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Más de 3.600 archivos bajo análisis
La dimensión del material encontrado quedó reflejada en los elementos incautados durante los procedimientos. Los efectivos retiraron 176 teléfonos celulares, 70 computadoras y discos rígidos y otros 95 dispositivos de almacenamiento.
Un primer análisis permitió detectar más de 3.670 archivos con contenido de abuso sexual infantil. La información almacenada en esos equipos será examinada para establecer su origen, identificar a quienes participaron de su circulación y determinar si existen nuevas víctimas.
Las actuaciones incluyeron distintas modalidades delictivas: tenencia, distribución y posible producción de material de abuso sexual infantil, además de situaciones de grooming, es decir, el acoso sexual de adultos a menores a través de medios digitales.
Investigados con antecedentes y nuevas imputaciones
Entre los resultados de la investigación también surgieron conexiones con expedientes anteriores. Uno de los domicilios correspondía a una persona que ya registraba antecedentes en una causa por abuso sexual infantil.
En otro caso, un procedimiento derivado de una investigación previa por tenencia de este tipo de material permitió avanzar sobre una nueva imputada, señalada por producción y distribución de contenido.
El trabajo estuvo coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.
Nueve fiscalías especializadas funcionaron como centros de coordinación y detección de objetivos, con intervención de equipos judiciales de Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Morón, Moreno-General Rodríguez, Pergamino, Quilmes y San Isidro.

Un despliegue en 75 localidades bonaerenses
Los 136 allanamientos abarcaron 21 departamentos judiciales, entre ellos La Plata, Lomas de Zamora, Avellaneda-Lanús, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Martín, San Isidro, Quilmes, Mercedes, Azul, Necochea y Zárate-Campana, además de Tres Arroyos.
En los procedimientos participaron investigadores de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía bonaerense, efectivos de la Policía Federal Argentina y especialistas de distintas divisiones de seguridad provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación continúa para establecer el alcance de las conexiones detectadas, determinar las responsabilidades individuales y avanzar en la identificación de posibles víctimas. Los resultados del operativo dejaron al descubierto la magnitud de una modalidad delictiva que utiliza dispositivos y plataformas digitales para producir, almacenar e intercambiar material de abuso sexual infantil.


