La agenda parlamentaria del Gobierno de Javier Milei atraviesa una jornada complicada. Mientras en el Senado el oficialismo volvió a modificar el proyecto de reforma electoral para intentar conseguir los respaldos necesarios para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la Cámara de Diputados se cayó una sesión especial por falta de quórum y quedaron pendientes varios proyectos impulsados por la Casa Rosada.
En la Cámara Alta, la discusión se retomó este miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde Patricia Bullrich anunció nuevos cambios en la iniciativa oficialista. La principal modificación fue dar marcha atrás con el sistema de adhesiones, que habilitaba las listas colectoras en la Boleta Única de Papel (BUP). Una concesión que busca destrabar las negociaciones con los bloques aliados y evitar que las diferencias sobre ese punto pongan en riesgo el objetivo central del proyecto: suspender las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
La posibilidad de incorporar colectoras había generado resistencias entre los socios parlamentarios del oficialismo, particularmente en el PRO y otros sectores dialoguistas. El mecanismo contemplaba que una misma fórmula presidencial pudiera estar acompañada por distintas listas legislativas dentro de un mismo distrito, una alternativa que había sido parte de las negociaciones con algunos gobernadores, pero que amenazaba con hacer naufragar los acuerdos.
Con la marcha atrás, el oficialismo busca preservar los apoyos que consiguió para avanzar con la suspensión de las primarias. El PRO, que había manifestado reparos sobre distintos aspectos de la reforma, terminó de oficializar su acompañamiento a la iniciativa, aunque las diferencias sobre el articulado todavía no están saldadas.
La propuesta del Gobierno contempla suspender las PASO exclusivamente para 2027. De esta manera, la selección de candidaturas quedaría en manos de las cartas orgánicas de los partidos políticos y de los reglamentos internos de las alianzas electorales. La iniciativa también incorpora una versión de Ficha Limpia, que impediría presentarse a elecciones a personas condenadas por delitos dolosos con una sentencia confirmada en segunda instancia, aunque todavía no se encuentre firme.
El proyecto, sin embargo, incluye otros cambios al régimen electoral que también forman parte de la discusión. Entre ellos, se propuso establecer que el financiamiento de la publicidad electoral en radio y televisión se mantenga en un 50%. También se puso sobre la mesa una modificación en la elección de los parlamentarios del Mercosur: los 24 representantes correspondientes a los distritos provinciales serían elegidos por las respectivas legislaturas, mientras que los 19 del distrito único se distribuirían entre Diputados y el Senado, con 12 y 7 bancas, respectivamente.
Otro de los puntos incorporados al debate contempla la posibilidad de que las categorías provinciales y municipales se sumen a la Boleta Única de Papel cuando las elecciones locales coincidan con las nacionales.
Con varios aspectos todavía por resolver, la reunión de la comisión pasó a un nuevo cuarto intermedio para continuar las negociaciones y ajustar la redacción del dictamen. La discusión quedó prevista para las 16.30, con el objetivo de acercar posiciones y reunir las firmas necesarias para avanzar con el tratamiento.
Diputados: sin quórum y con varios proyectos en espera
Las dificultades del oficialismo para construir mayorías también quedaron expuestas en la Cámara baja, aunque allí el desenlace fue todavía más contundente: la sesión especial convocada para este miércoles terminó frustrada antes de comenzar.
A las 12.31, el presidente de Diputados, Martín Menem, dio por caída la convocatoria cuando el tablero registraba apenas 126 legisladores presentes, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. La ausencia de distintos bloques aliados resultó determinante para impedir que La Libertad Avanza pudiera abrir la sesión.
Entre las bajas más significativas estuvieron los 18 diputados de Provincias Unidas, que permanecieron en el recinto pero decidieron no ocupar sus bancas. También se ausentaron los dos representantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago y Eduardo Falcone, además de legisladores de Elijo Catamarca y sectores de Argentina Federal. A ellos se sumó el diputado del PRO Álvaro González, identificado con el sector de Horacio Rodríguez Larreta.
La decisión de Provincias Unidas tuvo un peso político particular. Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, vienen acumulando reclamos contra el Gobierno nacional, entre ellos por la demora en el tratamiento de la Ley de Biocombustibles, que propone elevar los porcentajes obligatorios de corte de biodiesel y bioetanol. La ausencia de sus legisladores fue interpretada como una señal de presión hacia la Casa Rosada en medio de las negociaciones parlamentarias.
La convocatoria había sido impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, que buscaba avanzar con una extensa agenda legislativa antes de la finalización del período ordinario. Pese a que las bancadas habían alcanzado un entendimiento previo en Labor Parlamentaria para organizar los tiempos y el orden de tratamiento, ese acuerdo no alcanzó para garantizar la presencia de los diputados necesarios.
Entre los proyectos que quedaron pendientes se encontraba la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que había ganado centralidad en la agenda oficialista en medio de la discusión por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. También figuraba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que buscaba avanzar en modificaciones sobre el funcionamiento de la autoridad monetaria.
El temario incluía, además, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur y dos convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculados a delitos de menores y contra la integridad sexual. La lista se completaba con modificaciones a la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas.
El resultado dejó al descubierto las dificultades que enfrenta La Libertad Avanza para sostener su agenda legislativa. Aunque el oficialismo logró construir acuerdos para organizar el debate en Diputados y consiguió avances parciales en las negociaciones del Senado, las diferencias con sus aliados volvieron a poner en evidencia los límites de su capacidad para reunir mayorías en el Congreso.


