El Gobierno nacional protagonizó un nuevo traspié con las concesiones viales. A apenas dos semanas de haber autorizado aumentos de hasta el 330% en los peajes de la Ruta Nacional 5, tuvo que dar marcha atrás con el tarifazo porque la empresa Pentavía no había cumplido con las tareas de mantenimiento que justificaban la actualización de las tarifas.
La decisión de retrotraer los valores alcanzó a las estaciones de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, en el corredor que conecta Luján con Santa Rosa, La Pampa. Además de volver al cuadro tarifario anterior, la empresa deberá afrontar sanciones económicas y devolver a los usuarios las diferencias cobradas durante la vigencia de los aumentos.
El caso expone las dificultades del esquema de concesiones impulsado por la administración de Javier Milei que habían sido celebradaa con bombos y platillos: las empresas pueden acceder a incrementos tarifarios una vez que acreditan determinadas intervenciones en las rutas, pero en este caso los controles posteriores detectaron que los trabajos no estaban terminados y que la operadora ni siquiera contaba con los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento de rutina.
El episodio también abre interrogantes sobre los aumentos autorizados en otros corredores nacionales. En particular, sobre las rutas 3, 205 y 226, concesionadas a Corresur, donde los usuarios bonaerenses se encontraron con subas de hasta el 100% en los peajes de Hinojo y Uribelarrea. Allí también se aplicó el mecanismo que vincula las modificaciones tarifarias con el cumplimiento de las primeras intervenciones previstas en los contratos. Lo ocurrido con Pentavía pone bajo la lupa los controles de Vialidad Nacional: ¿se verificó efectivamente que las empresas cumplieran con las tareas comprometidas antes de habilitar los aumentos?
Aumentos del 330% y marcha atrás en dos semanas
Los incrementos habían sido autorizados por el Ministerio de Economía y entraron en vigencia a mediados de octubre. Para los automovilistas, el peaje con TelePASE pasó de $1.787,10 a $4.262,18. En el pago electrónico manual, la tarifa llegó a $8.524,36.
La diferencia también alcanzó al transporte de cargas. Un vehículo de tres ejes pasó de pagar $5.361,30 a $12.786,52 con TelePASE.
Pero el nuevo cuadro tarifario duró apenas dos semanas. Vialidad Nacional detectó que Pentavía no contaba con las máquinas, los equipos y el personal necesarios para garantizar las tareas de mantenimiento y conservación comprometidas en el contrato.
La empresa atribuyó las demoras a las condiciones climáticas y las lluvias persistentes registradas en el AMBA y distintas zonas de influencia, en el marco del fenómeno de El Niño. Sin embargo, las inspecciones del organismo nacional derivaron en la suspensión de los aumentos y en la apertura de actuaciones sancionatorias.
Con el regreso a los valores anteriores, las motos volvieron a estar exentas del pago. Los automóviles recuperaron la tarifa de $1.787,10 con TelePASE y los vehículos de tres ejes volvieron a pagar $5.361,30.
A partir de esas irregularidades el Gobierno abrió un sumario y desplazó al supervisor de Vialidad Nacional que tenía a su cargo el control de la concesión. El funcionario había avalado las tareas de puesta en valor presentadas por la empresa, una instancia clave para habilitar los aumentos que después debieron suspenderse.
Además, se iniciaron dos expedientes sancionatorios contra la concesionaria. Entre las medidas previstas figura la aplicación de una multa y la devolución de los importes cobrados de más entre mediados de octubre y el 2 de noviembre. El monto definitivo y el mecanismo de reintegro todavía deben establecerse.
Una ruta con peajes nuevos y obras pendientes
El episodio ocurre en medio de una creciente conflictividad alrededor de la Ruta 5. El corredor, clave para la producción agropecuaria y el transporte hacia Vaca Muerta, arrastra reclamos por su estado, la paralización de obras y la falta de avances en la transformación en autovía.
La discusión también tiene un trasfondo contractual. La concesión de Pentavía, controlada por la constructora mendocina Coesa, comprende unos 546 kilómetros entre Luján y La Pampa por un plazo de 20 años. Los trabajos iniciales contemplan tareas de mantenimiento, conservación y reparación, pero no implican la construcción de nuevas calzadas ni la transformación integral de la ruta en autovía.
En julio, empresarios del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense habían llevado sus reclamos a las autoridades de Vialidad Nacional. La respuesta que recibieron fue que el organismo no tenía previsto ejecutar obras de infraestructura con fondos públicos y que los nuevos proyectos dependerían de inversiones privadas.
A ese reclamo se sumó la Unión Cívica Radical, que anunció una presentación judicial para exigirle al Gobierno nacional medidas concretas, obligaciones y plazos que garanticen la seguridad vial. El planteo puso el foco en los siniestros registrados y en las obras que permanecen paralizadas.
La presión también llegó desde los municipios. El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, anunció que presentará un amparo junto a sus pares de Alberti, Suipacha, Mercedes y Carlos Casares para frenar nuevos cobros de peaje hasta que se concrete la autovía entre Mercedes y Suipacha. Uno de los puntos de conflicto es la instalación de una nueva estación de cobro en Gorostiaga.
Así, mientras el Gobierno nacional avanza con un modelo que traslada a operadores privados la responsabilidad del mantenimiento de las rutas y habilita aumentos tarifarios a partir del cumplimiento de determinadas obligaciones, la Ruta 5 acumula cuestionamientos. Esta vez, el problema no fue solamente el estado de la calzada: también fallaron los controles sobre las obras que habían servido para justificar el tarifazo.
