El avance de las apuestas online entre niños, niñas y adolescentes sigue sumando proyectos en la Legislatura. El bloque de senadores de Unión y Libertad, integrado por Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura, presentó un proyecto de ley que apunta a reforzar los controles sobre las plataformas de juego digital y desplegar un esquema de prevención de la ludopatía infantil en toda la provincia.
La propuesta combina herramientas tecnológicas, restricciones de acceso y acciones educativas para enfrentar una problemática que, según sus impulsores, tiene consecuencias sobre la salud mental, los vínculos familiares y el desempeño escolar de los jóvenes.
“Uno de cada cuatro adolescentes ya apostó dinero por internet. La ludopatía infantil afecta la salud mental de nuestros chicos, sus vínculos familiares y su concentración escolar”, sostuvo el senador Sergio Vargas al fundamentar la iniciativa.
En ese sentido, el legislador planteó que el crecimiento de las apuestas desde los celulares de los estudiantes requiere respuestas concretas. “Tenemos que actuar con controles efectivos, prevención y acompañamiento”, remarcó.
CONTROLES BIOMÉTRICOS PARA INGRESAR A LAS PLATAFORMAS
Uno de los principales ejes del proyecto es endurecer los mecanismos de verificación de identidad que utilizan los sitios de apuestas online. La iniciativa establece la implementación obligatoria de un sistema de validación que combine el escaneo del código QR del Documento Nacional de Identidad (DNI) con reconocimiento facial y una prueba de vida.
Los datos obtenidos deberán ser contrastados con las bases del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con el objetivo de verificar la identidad de quienes intenten ingresar a las plataformas y evitar que los menores puedan utilizar cuentas de terceros.
El esquema también contempla que la autenticación biométrica se repita cada vez que el usuario acceda a una aplicación de apuestas. De esa manera, los autores del proyecto buscan impedir que una cuenta habilitada sea utilizada posteriormente por otra persona.
Desde Unión y Libertad aclararon que la iniciativa no pretende modificar el sistema de administración del juego en la provincia, sino establecer nuevas barreras de protección frente al acceso de niños y adolescentes a las apuestas digitales.
UN “APAGÓN VIRTUAL” EN LAS REDES PÚBLICAS
Otro de los puntos centrales es la creación de un bloqueo de acceso a sitios de apuestas deportivas y juegos online en las redes Wi-Fi administradas por el Estado provincial. La restricción alcanzaría a establecimientos educativos públicos y privados, hospitales, centros de salud, unidades penitenciarias, bibliotecas y otras dependencias de la administración bonaerense.
La medida busca limitar la disponibilidad de las plataformas de juego en espacios de uso público y, particularmente, en ámbitos frecuentados por menores de edad. El proyecto propone así combinar los controles individuales de identidad con restricciones sobre las redes de conexión, para dificultar el acceso a los sitios de apuestas desde dispositivos móviles.
PREVENCIÓN EN LAS ESCUELAS Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
La iniciativa también incorpora un componente educativo, con campañas permanentes de concientización en escuelas primarias y secundarias de la provincia.
Las acciones estarán orientadas a informar sobre los riesgos de la ludopatía digital, promover un uso responsable de la tecnología e incorporar herramientas de educación financiera. El esquema contempla, además, capacitaciones para docentes y actividades pedagógicas específicas.
En paralelo, el proyecto establece la elaboración de protocolos de actuación para detectar y abordar situaciones de juego problemático dentro del ámbito educativo. Los procedimientos deberán contemplar la intervención de los equipos de orientación escolar, la participación de las familias y la articulación con los servicios de salud. También deberán resguardar la privacidad y los derechos de los menores involucrados.
Por último, la propuesta prevé la elaboración de informes anuales para evaluar el alcance de las políticas implementadas. Los reportes deberán incluir datos sobre los controles realizados, las campañas de prevención, las consultas y derivaciones efectuadas y los recursos presupuestarios destinados a la aplicación de la ley.
