La vivienda -ese refugio ancestral que permitió a la humanidad abandonar las cuevas e iniciar el desarrollo de las civilizaciones en aldeas, feudos, poblados y megalópolis- se convirtió en el escenario de una disputa feroz entre quienes la conciben como un mero activo financiero para acaparar ganancias y aquellos que apenas pueden proyectarla como un sueño lejano mientras el alquiler engulle sus ingresos y pulveriza su capacidad de ahorro.
¿Cómo definimos hoy el suelo donde vivimos? ¿Es un bien social, una reserva de valor, un derecho humano o un simple commodity del mercado? Desde los pilares proclamados por el Papa Francisco —Tierra, Techo y Trabajo— hasta los sombríos postulados del tecnofeudalismo global, pasando por la Ley de Tierras y la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la provincia de Buenos Aires enfrenta el desafío urgente de analizar las causas profundas y las soluciones posibles para garantizar el acceso pleno a la vivienda.
Para desentrañar estos dilemas convocamos a Luciano Scatolini: docente, autor, escribano público, ex Secretario de Desarrollo Territorial, Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo de la Nación, ex Escribano General de Gobierno bonaerense y ex Director Nacional del ProCreAr. En una extensa conversación en el streaming Parecemos Buenos Amigos, de INFOCIELO PLAY, el especialista trazó una radiografía indispensable para entender por qué la casa propia pasó de ser un hito de ascenso social a una quimera atravesada por la especulación financiera y la concentración de la riqueza.
La brecha salarial y la Argentina inquilina: por qué la crisis no explota pero tiene “mecha corta”
Al abordar la inaccesibilidad económica a la vivienda, Scatolini expuso el deterioro histórico del poder adquisitivo en relación con el mercado inmobiliario. “En la década de los ’40 vos podías acceder a una vivienda con 250 salarios mínimos, vitales y móviles; si hoy analizás ese dato, lo tenés que multiplicar por 15 o por 20: no conseguís una vivienda formal con servicios por menos de 40 millones de pesos, lo que equivale a casi 4.000 salarios mínimos”, precisó.
El especialista contrapuso la realidad argentina con la europea. Mientras que en España el 73% de los hogares son propietarios y se destina en promedio un 35% del salario al alquiler, en la Argentina la proporción de propietarios cayó por debajo del 65%. “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se necesita el 45% de los ingresos para sustentar un alquiler, y en los hogares de menores de 35 años más del 55% son inquilinos”, detalló. A este cuadro sumó el impacto del DNU 70, que habilitó contratos de alquiler a muy corto plazo y con regímenes de ajuste desmesurados.
Consultado sobre por qué el conflicto no estalla en las calles con la efervescencia de otros países, Scatolini señaló que la informalidad funciona como una válvula de escape precaria. “En 2017, cuando se conforma el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), había 4.400 asentamientos; hoy hay más de 6.500, casi un 50% más en ocho años”, reveló. A su vez, remarcó que el programa Procrear brindó más de 500.000 soluciones habitacionales en el pasado, pero advirtió que la situación actual no admite dilaciones: “Estamos claramente con una mecha corta que en cualquier momento se puede encender y disparar una crisis enorme”.
Un bien agotable acaparado por la especulación
En relación con la naturaleza del suelo urbano, el exfuncionario diferenció la tierra de cualquier otra mercancía del mercado. “La tierra es un recurso natural no renovable y no se la puede interpretar con las reglas de la oferta y la demanda. Funciona bien para comprar celulares o autos, pero en un inmueble es un recurso irreemplazable y agotable; por eso aparece la función indelegable del Estado para regular el uso del suelo a través del urbanismo”, argumentó.
Para ilustrar la antigüedad de la disputa entre la valorización privada y el esfuerzo público, citó al ex primer ministro británico Winston Churchill: “Hace 100 años Churchill planteaba que uno de los problemas del Estado era que generaba valor sobre los inmuebles al construir carreteras e infraestructura, y todas esas valorizaciones eran aprovechadas de manera individual por los propietarios”.
Scatolini denunció además la aceleración del proceso de financierización internacional, donde la vivienda dejó de ser un bien de uso para convertirse en un activo financiero y reserva de valor. “Los excedentes de capitales transnacionales acumulados en pocas manos se trasladan hacia bienes durables como los inmuebles, donde solo hay que sentarse a esperar que la ciudad crezca por desarrollo demográfico para multiplicar su valor”, advirtió.
Tecno billonarios al acecho
Al ingresar en el debate filosófico sobre el nuevo capitalismo de plataformas y la Inteligencia Artificial, Scatolini rescató la investigación del libro La trampa de la globalización (1995) para explicar la visión del mundo que comparten los magnates de la tecnología y las finanzas transnacionales. “Llegaron a una fórmula para el futuro de las naciones: 20% de incluidos y 80% de excluidos. Ese 20% era suficiente para tranzar los bienes y servicios del capital concentrado, y para el 80% restante acuñaron el término ‘tittytainment’: alimento básico y entretenimiento ensordecedor para evitar rebeliones”.
Según el especialista, esta doctrina encuentra hoy su correlato ideológico en las prédicas libertarias y anti-regulación que promueven la destrucción del Estado y la desregulación absoluta. “Llamativamente, algunos discursos que invocan ideas del pasado hoy militan no tener hijos, no tener casa y alquilar todo. La matriz cambió: antes una familia disputaba el capital acumulando tierra y vivienda a largo plazo; hoy el sistema impone la inmediatez. La vida misma se juega en un escroleo, en suscripciones, plataformas e Inteligencia Artificial, mientras los dueños de los feudos digitales se quedan con el suelo real”.
Frente a esta lógica tecnofeudal, Scatolini remarcó que las únicas respuestas exitosas provinieron de la intervención pública en las grandes capitales europeas. “Berlín tomó la decisión de expropiar el 40% de los inmuebles ociosos y especulativos para alquiler social, y en Países Bajos el Estado tiene prioridad de compra de tierras vacantes. Sin planificación urbana ni Estado regulador, la ciudad del futuro será un coto privado para pocos y una trampa digital para las mayorías”, concluyó.
