El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce de la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que el oficialismo busca aprobar en el Senado con el respaldo de bloques aliados.
Tras conocerse un principio de acuerdo entre LLA y la oposición dialoguista para dictaminar en favor de los cambios, el funcionario bonaerense advirtió que la sanción de la reforma puede agravar los problemas de atención, reinstalar el modelo de los manicomios y abrir la puerta a una mayor judicialización de los tratamientos.
“El Gobierno quiere cambiar la ley de salud mental y solo va a empeorar todo, que ya es crítico”, sostuvo Kreplak, en rechazo a la iniciativa que Patricia Bullrich presentó este miércoles junto a legisladoras de La Libertad Avanza.
El oficialismo anunció que cuenta con los acuerdos necesarios para firmar dictamen y llevar el proyecto al recinto la próxima semana.
Qué cambios impulsa el Gobierno nacional
Bullrich anunció un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales para avanzar con el proyecto. Entre las modificaciones presentadas se establece que las internaciones involuntarios pueden ser ordenadas por un médico, sin necesidad que sea un psiquiatra; la incorporación de las adicciones —incluida la ludopatía— como patologías de salud mental y nuevas disposiciones sobre las evaluaciones, las altas médicas y el seguimiento de los pacientes.
La iniciativa también reconoce la participación de psicólogos en las evaluaciones y las altas e incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas con psiquiatras en lugares donde no haya especialistas disponibles. Además, establece mecanismos de cooperación técnica y financiera con las provincias.
En cuanto a las internaciones involuntarias, el esquema anunciado modifica el papel de la Justicia: los jueces podrán recibir notificaciones y solicitar informes, pero no serán quienes determinen por sí mismos la necesidad médica de internar a una persona.
Los cuestionamientos de Kreplak a la reforma
El ministro bonaerense enumeró tres puntos centrales de su rechazo. Según planteó, los cambios pueden generar más obstáculos para internar a personas en crisis, volver a instalar los manicomios públicos y privados y habilitar una mayor intervención judicial en las decisiones médicas, incluidas las altas.
Además, afirmó que las provincias se oponen a la iniciativa porque son las jurisdicciones que sostienen la atención cotidiana de los pacientes. “Somos quienes efectivamente nos ocupamos de los problemas de la gente”, remarcó.
La postura bonaerense no es nueva. En abril, Kreplak reunió a autoridades sanitarias de 18 provincias para discutir la propuesta nacional y articular una respuesta común. En ese encuentro, los representantes provinciales reclamaron reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones y advirtieron que los padecimientos requieren políticas sostenidas en el tiempo.
Uno de los principales cuestionamientos de la Provincia apunta al financiamiento. Kreplak ya había planteado que la legislación vigente contempla compromisos de inversión que, según denunció, no se cumplen, y que modificar la norma sin garantizar recursos no resolverá las dificultades de atención.
El plan bonaerense para 2026-2031
El contrapunto nacional encuentra a la administración de Axel Kicillof con una estrategia propia. La Provincia presentó su Plan Provincial de Salud Mental 2026-2031, con el objetivo de fortalecer la atención, ampliar los dispositivos territoriales y mejorar la respuesta ante los consumos problemáticos.
La política bonaerense apuesta a reforzar la red de atención y los espacios comunitarios, además de mejorar la articulación entre los distintos niveles del sistema sanitario. El enfoque busca que la respuesta no quede limitada a la internación, sino que contemple también la prevención, el acompañamiento y la continuidad de los cuidados.
Según la gestión bonaerense, con el primer plan bonaerense de Salud Mental se alcanzó un 92,3% de cumplimiento de sus metas y permitió avanzar en el cierre de manicomios: “desde 2019 se logró la externación del 70% de las personas que se encontraban institucionalizadas en sectores de larga estadía y se incrementó de 74 a 227 la cantidad de viviendas con apoyo” explicaron.
En ese marco, la discusión por la reforma nacional excede los criterios para internar a una persona. Para Kreplak, el desafío pasa por sostener los equipos, los dispositivos de atención y los recursos necesarios para responder a una problemática que, según advirtió, ya atraviesa una situación crítica.
