El Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ) inició un reclamo formal ante municipios bonaerenses tras confirmarse la presencia de concentraciones elevadas de arsénico en distintas fuentes de abastecimiento. La medida se tomó a partir de los datos aportados por el Mapa de Arsénico elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Frente a este escenario, la entidad envió notas formales a los distritos afectados para solicitar información precisa sobre los controles vigentes, la frecuencia de las muestras, los resultados de los análisis más recientes y las obras o tratamientos implementados para resguardar la salud de los vecinos.
Los registros que encienden las alarmas
Los datos expuestos en la actualización 2025 del mapa del ITBA exponen cifras preocupantes al contrastarse con las regulaciones de salud pública. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Código Alimentario Argentino establecen como parámetro general para el agua potable un límite de 10 microgramos por litro —pudiendo contemplarse excepcionalmente hasta 50 microgramos por litro en suelos con alta presencia natural de este elemento—.
Sin embargo, las mediciones en territorio bonaerense mostraron valores marcadamente superiores, Guaminí registró muestras de 295 microgramos por litro, 9 de Julio entre 72 y 165, San Vicente 163, Monte 146, Partido de la Costa 147, Mercedes 105 y Chivilcoy hasta 94 microgramos por litro. La problemática también alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires, con registros en Vicente López de 117 microgramos por litro, Ezeiza 96, General Rodríguez 67 y Almirante Brown 56. Desde el ITBA y el CPQ aclararon que estas cifras corresponden a puntos de muestreo específicos y no deben extrapolarse de manera directa a la totalidad del territorio municipal ni a toda la red, aunque constituyen una señal de alerta ineludible.
La exigencia de transparencia y controles sistemáticos
Desde el Consejo Profesional de Química advirtieron que la condición natural del arsénico en los suelos de la región no debe dar lugar a la falta de controles ni a la opacidad informativa hacia la población. Autoridades del organismo destacaron que garantizar el derecho al agua segura requiere monitoreos constantes, canales de información pública abiertos y la adopción inmediata de medidas técnicas cuando se detectan desviaciones que pongan en riesgo a las comunidades.
El antecedente de Bragado y la responsabilidad estatal
El reclamo cobra una fuerza particular a la luz del caso judicial de Bragado, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia que condena a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a ejecutar las obras de infraestructura requeridas para asegurar la calidad y potabilidad del agua de red.
Desde la institución profesional resaltaron que el fallo marca una pauta clara, la provisión de agua segura no representa únicamente un desafío sanitario o ambiental, sino un deber legal insoslayable por parte de las empresas prestadoras y los organismos del Estado.
Una respuesta técnica y articulada
Frente a la complejidad del panorama provincial, el CPQ remarcó la necesidad de abordar el problema mediante un trabajo coordinado entre las administraciones municipales, las autoridades provinciales, las prestadoras del servicio, el ámbito académico y los profesionales de la materia. Con ese fin, el Consejo puso formalmente a disposición de los municipios su estructura e idoneidad técnica para colaborar en el diagnóstico, la prevención de riesgos y el desarrollo de soluciones efectivas para la población.
