El juicio que enfrenta al Camioneros con sectores de La Libertad Avanza entró en su etapa decisiva al llevarse a cabo la jornada de alegatos. En ese marco, la Fiscalía pidió 10 años de prisión efectiva para el exconcejal del Frente de Todos y dirigente sindical Maximiliano Cabaleyro, acusado por el conflicto con la empresa Rey Distribución de San Pedro. Además, solicitó que quede inhabilitado durante una década para ejercer cargos públicos.
El pedido fue realizado este martes por las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás. La querella fue todavía más lejos: el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) que representa a la familia Rey y cuenta con el patrocinio legal de la senadora bonaerense Florencia Arietto, reclamó 15 años de prisión y otros 10 de inhabilitación.
El veredicto está previsto para este miércoles 14, después de seis jornadas de producción de prueba y un proceso en el que el sindicalista nicoleñó está acusado de los delitos de extorsión, coacción y turbación de la posesión por los hechos ocurridos durante el bloqueo a la distribuidora en febrero de 2021.
Cabaleyro y un juicio que cambió de escenario político
Cuando ocurrió el conflicto, Cabaleyro era secretario general de Camioneros en San Nicolás y ocupaba una banca en el Concejo Deliberante por el Frente de Todos. El enfrentamiento con Rey Distribución terminó con su detención y con una causa que, cuatro años después, llegó al juicio oral.
Ahora, el proceso tiene una dimensión política diferente. Cabaleyro enfrenta una eventual condena que incluye un pedido expreso de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que del otro lado de la causa aparece Ariel Rey, integrante de la familia propietaria de la distribuidora, que llegó al Concejo Deliberante de San Pedro como primer candidato de una lista que confluyó electoralmente con La Libertad Avanza en 2025.
Rey actualmente conduce el bloque San Pedro Puede, junto a Mariana Reynoso. El espacio se separó del bloque que responde orgánicamente a La Libertad Avanza en el distrito, pero mantiene su origen en el acuerdo electoral que llevó a Rey a encabezar la lista libertaria en las elecciones de 2025. Además está enfrentado al intendente peronista Cecilio Salazar, quien se vio involucrado en el juicio tras la filtración de una conversación telefónica con Cabaleyro.
Arietto endureció el pedido contra Camioneros
La presencia de Florencia Arietto es otro de los puntos que conectan la causa con el nuevo escenario político. La senadora bonaerense de La Libertad Avanza interviene como representante de la familia Rey a través de la Asociación Anti Bloqueo. Durante los alegatos, la entidad solicitó una condena de 15 años de prisión y 10 años de inhabilitación para Cabaleyro, cinco años más que los reclamados por la Fiscalía.
El planteo se inscribe en una disputa más amplia que Arietto viene llevando al terreno político: la discusión sobre los límites de los bloqueos sindicales y la relación entre el derecho a huelga y las acciones que las empresas denuncian como extorsivas.
La defensa de Cabaleyro, en cambio, pidió su absolución y sostiene que el conflicto debe ser analizado en el marco de una disputa sindical.
Para los otros seis exempleados de Rey Distribución que también están siendo juzgados, las partes acusadoras solicitaron tres años de prisión de ejecución condicional. Las defensas pidieron la absolución.
El audio que complicó el escenario para Salazar
El tramo político más reciente del juicio apareció con la declaración del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar. El jefe comunal declaró que durante el conflicto intentó actuar como mediador entre la empresa y Camioneros.
Según explicó ante el tribunal, buscó comunicarse con ambas partes para que se sentaran a dialogar y evitar que el enfrentamiento escalara. También dijo que no le constaba que hubiera existido un bloqueo que impidiera el ingreso o egreso de camiones de la planta.
Pero durante la audiencia se reprodujo una comunicación telefónica entre Salazar y Cabaleyro que luego se viralizó con fines políticos en el que se mencionan supuestas gestiones ante la Policía para que en las actas se señale que no existía una obstrucción en la planta.
La difusión de esa conversación abrió un nuevo frente político alrededor del juicio. Mientras Salazar presentó su intervención ante el tribunal como una mediación para destrabar el conflicto, desde el entorno de la familia Rey y la querella se interpretó el contenido de la comunicación como una señal de involucramiento del intendente en favor del sindicato.
Arietto sostuvo públicamente que durante el proceso quedó expuesto un supuesto “involucramiento del Intendente Salazar en el bloqueo”, una interpretación que forma parte del planteo de la querella y que deberá ser ponderada por el tribunal junto con el resto de la prueba.
Un conflicto sindical que terminó atravesado por la política
El expediente comenzó con un conflicto entre una empresa familiar y Camioneros en 2021. Pero cinco años después, sus protagonistas quedaron ubicados en un escenario político muy diferente.
Cabaleyro, que entonces combinaba su conducción sindical con una banca del Frente de Todos, enfrenta ahora un pedido fiscal de 10 años de prisión y una década de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La familia Rey, en tanto, tiene entre sus protagonistas a Ariel Rey, actual concejal de San Pedro y referente de un espacio que llegó a las elecciones de 2025 en alianza con La Libertad Avanza y que hoy impulsa su propia construcción política local.
Y en la representación de la familia aparece Arietto, una de las dirigentes libertarias que convirtió la pelea contra los bloqueos sindicales en uno de sus ejes de intervención política.
Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 deberá resolver si los hechos denunciados en aquel conflicto constituyeron los delitos por los que Cabaleyro llegó a juicio. El veredicto se conocerá este miércoles 14.
