En los estudios de Infocielo Play, durante la emisión del programa LADO P, el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, José Luis Zerillo, trazó un crudo diagnóstico sobre la aplicación del nuevo régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad a 14 y 15 años. La provincia de Buenos Aires concentra el 63 por ciento de la población menor de 18 años privada de su libertad de todo el país.
Ante este escenario, Zerillo cuestionó la falta de diálogo institucional por parte del Poder Ejecutivo Nacional al impulsar la norma “el gobierno nacional definió una ley nacional pero con algo que no le implica directamente, que es quién tiene esa población que va a estar privada de su libertad; la tienen las provincias”.
De robar un útil a ir a juicio: la multiplicación de hechos punibles
Con una población actual de 677 jóvenes bajo la tutela estatal, una investigación encarada por la gestión junto al CONICET y la Universidad de San Martín proyecta un aumento poblacional del 75 por ciento en los próximos 12 meses, alcanzando una cifra cercana a los 1.000 detenidos. Zerillo aclaró que este incremento no responde de manera exclusiva a la inclusión de la franja de 14 y 15 años, sino a la reglamentación de la ley que volvió punibles faltas de menor cuantía previamente exentas de sanción penal. “Hoy el chico que le roba un útil a un compañero en la escuela ese hecho es punible, el que escribe una amenaza en un pizarrón esa amenaza es punible y el que hurta un chocolate en un polirrubro ese hecho es punible“, graficó el funcionario al señalar que estas conductas operan como agravantes para futuros procesos. Además, confirmó que a pocas semanas de la entrada en vigencia de la norma, ya pasaron por el sistema unos 15 adolescentes de 14 y 15 años por orden judicial.
La obra de infraestructura “más grande de la historia” del sistema
Para hacer frente al aumento de la demanda en un contexto de corte de fondos nacionales en infraestructura, educación y seguridad, la administración provincial debió inyectar recursos propios para concretar la obra de infraestructura edilicia “más grande desde que existe el sistema de menores”. En la localidad de Abasto, en La Plata, el gobierno inauguró el primer módulo de un complejo que incluirá cinco áreas de alojamiento, enfermería, escuela, espacios deportivos y de recreación.
El plan contempla asimismo el reciclado integral del predio Nueva Esperanza y del centro de recepción de La Plata, la ampliación del dispositivo de Lomas de Zamora y la recuperación de una sede en Virrey del Pino que se encontraba cedida al servicio penitenciario de adultos.
Control judicial y garantía educativa
En relación con las condiciones de detención y las intervenciones judiciales por hábeas corpus —como la resolución impulsada por la jueza Marta Pascual en Lomas de Zamora—, Zerillo aseguró que la gestión no rechaza la exigencia “que la vara esté alta nos parece bien, que nos exijan más y mejores condiciones nos parece bien” . Asimismo, detalló mejoras concretas realizadas en Lomas de Zamora, como la conexión a agua corriente, la reparación de calderas, auditorías sobre las viandas de alimentos e incorporación de personal. El subsecretario resaltó que actualmente el 100 por ciento de los jóvenes privados de su libertad cuentan con acceso garantizado a la educación primaria, secundaria y talleres de formación laboral.
La paradoja estadística: menos delitos, más prisionización
Finalmente, Zerillo expuso una paradoja basada en estadísticas oficiales de la Procuración General, mientras que desde 2012 la participación de menores de 18 años en el total de delitos descendió del 4,2 por ciento al 2,1 por ciento, la tasa de prisionización continuó en ascenso debido a la presión mediática y la conmoción social. Frente a la tentación de aplicar políticas punitivistas de impacto comunicacional, el funcionario definió el dilema ético y político que enfrenta el Estado, “la cuestión de fondo es si nosotros estamos dispuestos a hacinar y amontonar a jóvenes de 14 y 15 años en instituciones violentas, abusivas y que sean un posdoctorado en criminalidad y delito, o por el contrario estamos comprometidos a generar ámbitos donde haya terminalidad educativa, capacitación y formación“.
