Una serie de compras de productos lácteos terminó bajo investigación judicial en Mar del Plata después de que una quesería denunciara un perjuicio estimado en $63 millones. La principal sospechosa es una mujer de 25 años, acusada de haber realizado 33 operaciones en las que habría utilizado comprobantes de transferencias que nunca se acreditaron.
La maniobra investigada se extendió entre el 7 de mayo y el 9 de septiembre. Durante ese período, la mujer se comunicaba telefónicamente con la empresa para hacer los pedidos y, una vez acordada la compra, enviaba una supuesta constancia de pago.
Con el comprobante como respaldo, un comisionista retiraba la mercadería. Cada operación rondaba los $1,5 millones, pero el dinero no ingresaba a las cuentas de la quesería.
La irregularidad quedó expuesta cuando la empresa revisó sus movimientos contables y detectó que las transferencias informadas no habían sido concretadas. A partir de allí, los investigadores comenzaron a reconstruir las compras y el destino de los productos.
La denuncia fue presentada el 11 de septiembre y la causa quedó en manos de la UFIJ N° 10 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Luis Ferreyra. Según la investigación, las constancias de pago estaban relacionadas con una billetera virtual y una cuenta que no existía.
Los investigadores también recibieron información que permitió sospechar que parte de los quesos adquiridos eran posteriormente revendidos a precios inferiores a los habituales.
El allanamiento en Quequén
Con la identificación de la sospechosa y la ubicación del domicilio, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata autorizó un allanamiento en Quequén.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la DDI Necochea. Allí encontraron 95 piezas de queso de diferentes variedades, además de tres celulares, una balanza, bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo.
La mujer fue trasladada a Mar del Plata y se negó a declarar ante el fiscal. Luego recuperó la libertad, aunque permanece imputada por estafa.
Ahora la Justicia intenta determinar cómo era el circuito utilizado para retirar y posteriormente comercializar los productos, además de establecer con precisión el monto del perjuicio provocado a la empresa.
