Mientras el Congreso de la Nación empieza el tratamiento en comisiones de la prórroga de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo presentó ingresó a la Cámara el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 en el cual la motosierra sigue apuntando sobre el sector.
Con una proyección de gasto total de $202.101.432.500.166 orientado a sostener el equilibrio fiscal, las partidas destinadas a la discapacidad experimentan modificaciones estructurales profundas. El articulado propone fijar la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Asimismo, se sustituye el régimen de compatibilidad para establecer de forma estricta que esta prestación será incompatible con poseer un vínculo laboral formal o estar inscripto en el régimen tributario general o simplificado.
Por otra parte, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar pensiones inembargables a personas mayores de 70 años o imposibilitadas para trabajar que carezcan de recursos suficientes, al tiempo que deroga expresamente los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley N° 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Aranceles prestacionales y esquema de financiamiento
Cuando hace foco en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad (Ley N° 24.901), el proyecto determina que la universalidad garantizará un piso mínimo prestacional común, aclarando explícitamente que no implicará la homogeneidad de aranceles ni de modalidades de financiamiento entre las distintas jurisdicciones.
Bajo este nuevo esquema, el Nomenclador de prestaciones básicas dejará de incluir valores universales, quedando su fijación a cargo de cada ente obligado en la relación con sus prestadores. En aquellos casos donde el ente obligado sea el Estado Nacional, los aranceles serán determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud o ajustados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC en caso de demoras.
Toda la cobertura financiera de las pensiones por invalidez laborativa y la atención médica de sus beneficiarios quedará centralizada en la Jurisdicción del Ministerio de Salud, autorizándose la afectación de créditos de la Jurisdicción 91 (Obligaciones a Cargo del Tesoro) en caso de requerirse compensaciones presupuestarias.
El contraste con la Defensa y la ausencia de datos sobre la SIDE
Al comparar la reestructuración de los programas sociales con las prioridades operativas del Estado, el proyecto contempla un gasto total de $9.533.386.123.600 para la finalidad de Servicios de Defensa y Seguridad, acompañada por excepciones al congelamiento de vacantes para la incorporación de personal en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
Sin embargo, en los documentos presupuestarios no contienen partidas desglosadas ni datos específicos sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fondos reservados del área. La documentación oficial permite verificar el refuerzo de las facultades y dotaciones de la seguridad general y las fuerzas armadas, pero resulta insuficiente para precisar los créditos destinados a los organismos de inteligencia.
A las prioridades del gobierno de Javier Milei en términos presupuestarios le suman que el el texto normativo otorga una flexibilidad operativa especial al exceptuar explícitamente del congelamiento de vacantes y de las limitaciones para el incremento de cargos a las incorporaciones correspondientes a las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Centro Nacional de Ciberseguridad, mientras que niegan toda posibilidad de equidad, disponiendo una incompatibilidad estricta con el empleo formal y con la inscripción en el régimen tributario general o simplificado (monotributo).
De esta manera, el proyecto combina una política de flexibilización y asignación prioritaria para las fuerzas de seguridad con un marco de mayor exigencia de requisitos, desregulación de aranceles unificados y ajuste normativo para las prestaciones por discapacidad.
Las críticas de la oposición
Estas medidas avivaron el fuego en la oposición que rápidamente salió a denunciar las intenciones del gobierno Nacional de desmantelar los derechos de las personas con discapacidad que afectan aún más a este colectivo. “La Libertad Avanza no se detiene en su crueldad hacia las personas con discapacidad”, denunció Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, desde su cuenta de X.
En tanto, Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, pone énfasis entre otras cosas, en que “el Ejecutivo había suspendido la ley alegando falta de fondos; ahora asigna partidas, pero solo después de haber vaciado la norma de contenido sustantivo. Además, eliminan la prohibición que impedía financiar estos programas recortando otras partidas de Servicios Sociales”.
Además, en el descargo que hace en la red social X explica que “Se elimina por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía legal y directa de acceso a la pensión. Los requisitos de acceso ya no los define el Congreso: quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo“.
Por su parte, Pablo Juliano insiste en el tratamiento de la prorroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, siendo uno de los diputados nacionales que impulsó la Ley.
El colectivo de discapacidad busca con el impulso de la oposición garantizar por un año más la Ley de emergencia que el plazo actual termina el 31 de diciembre de 2026. Mientras tanto, la semana pasada se movilizaron a las inmediaciones del congreso para seguir visibilizando un reclamo que incluye a las personas con discapacidad, familias, activistas, educadores y prestadores de servicio en el área de salud integral.
