La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a la adhesión de la Provincia al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, establecido por la Ley nacional 26.816. La iniciativa, impulsada originalmente por la senadora radical Nerina Neumann, busca fortalecer el marco laboral de quienes trabajan en talleres protegidos y generar herramientas para mejorar su financiamiento.
El régimen contempla cobertura médico-asistencial, asignaciones familiares y beneficios previsionales para los trabajadores, además de una asignación mensual equivalente al 40% del salario mínimo. También establece que el Estado nacional cubra los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes.
La adhesión bonaerense apunta además a brindar un respaldo legal a los talleres protegidos, espacios que cumplen un rol central en la formación, capacitación y generación de oportunidades laborales para personas con discapacidad.
RECLAMOS POR RECURSOS Y CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIONAL
Durante el debate, el diputado de la Izquierda Christian Castillo destacó la movilización del colectivo de personas con discapacidad y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional. “El colectivo de la discapacidad se movilizó, habló uno por uno de los diputados, de los senadores, y lo consiguió”, señaló, en referencia a la aprobación de la emergencia en discapacidad en el Congreso.
Castillo sostuvo que la adhesión bonaerense a la normativa nacional es “absolutamente legítima y justa”, aunque advirtió que debe estar acompañada por los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. También apuntó contra las irregularidades denunciadas en la Agencia Nacional de Discapacidad y cuestionó los recortes de prestaciones, pensiones y los despidos de trabajadores incorporados mediante el cupo de discapacidad.
“No se pueden tocar los derechos de las personas con discapacidad”, remarcó el legislador, quien consideró que la votación debe servir para avanzar en la ampliación y protección de derechos.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica José de Leo celebró la aprobación y recordó que se trata de una iniciativa que había impulsado por primera vez en 2006, cuando era senador. “Diez años han pasado para que hoy se cristalice por ley”, destacó, al valorar además el acompañamiento de los distintos bloques.
De Leo puso el foco en la situación de los talleres protegidos y sostuvo que el reconocimiento legal debe estar acompañado por recursos para quienes trabajan en ellos. “Lo que se hace justamente es un trabajo y un trabajo de calidad”, afirmó, tras recordar sus visitas a talleres de Bahía Blanca.
El legislador planteó además que uno de los desafíos pendientes es avanzar en la integración de las personas con discapacidad al mercado laboral ordinario. “No alcanza con hoy otorgar recursos, sino también en esa integración”, sostuvo. En paralelo, anticipó que su bloque presentó un proyecto para establecer la detección temprana del autismo en la Provincia.
EL RECLAMO POR LA INCLUSIÓN Y LA AUTONOMÍA
Desde UCR-Cambio Federal, el diputado Diego Garciarena destacó el paquete de iniciativas vinculadas a discapacidad y remarcó que el objetivo no debe limitarse a sancionar leyes, sino garantizar que los derechos reconocidos puedan ejercerse efectivamente.
“Parece a veces en la Argentina, señor presidente, que la ley es una sugerencia”, cuestionó Garciarena, quien reclamó que sea el Estado el encargado de asegurar el acceso a los derechos y la igualdad de oportunidades.
El legislador también planteó la necesidad de dejar atrás una mirada exclusivamente médica o tutelar de la discapacidad y avanzar hacia un modelo basado en la inclusión social y la autonomía. “Lo que debemos garantizar a través de las leyes y del efectivo cumplimiento de esos derechos es la autonomía de las personas con discapacidad”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que las políticas públicas deben permitir que cada persona pueda decidir dónde estudiar, dónde trabajar y qué proyecto de vida construir. Para Garciarena, las iniciativas aprobadas durante la sesión apuntan a garantizar “ni más ni menos que la dignidad de las personas con discapacidad”.
RECALDE PIDIÓ SOSTENER LAS PRESTACIONES
La diputada de Fuerza Patria Margarita Recalde también respaldó la adhesión bonaerense y destacó que las iniciativas vinculadas con prestaciones básicas y empleo protegido permitirán ampliar el piso de derechos en materia de salud para las personas con discapacidad, independientemente de que tengan obra social o prepaga.
La legisladora puso en valor además la creación de un comité provincial de seguimiento de las prestaciones y la posibilidad de que la Provincia reclame al Estado nacional los fondos correspondientes.
Al referirse específicamente al empleo, Recalde advirtió sobre las dificultades para contar con estadísticas precisas y señaló que, según los datos vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD), solo el 14% de las personas con discapacidad en edad laboral trabaja, mientras que apenas el 5% tendría empleo registrado.
La diputada destacó el rol de los talleres protegidos como espacios de formación, producción y construcción de autonomía y cuestionó las políticas del Gobierno nacional. También enumeró las dificultades que atraviesan escuelas especiales, centros educativos terapéuticos, talleres y prestadores ante la falta de pagos.
Finalmente, Recalde reclamó que la Legislatura bonaerense acompañe el pedido para que se implemente la emergencia nacional en discapacidad. “Con la misma contundencia tenemos que ir a pelear porque definitivamente se implemente la ley de emergencia en discapacidad”, sostuvo.
