Frente a la sede de la obra social bonaerense IOMA, el pasado lunes 25 de agosto se llevó a cabo una intensa jornada de protesta y acampe para denunciar el atraso sistemático en el pago de los honorarios de los profesionales de la salud y el personal de apoyo.
La movilización contó con el respaldo activo del colectivo Nosotras, una agrupación conformada por madres de personas con discapacidad que buscan visibilizar las deficiencias del sistema y garantizar la continuidad de la atención que reciben sus familiares.
María Laura Nicoletti, integrante de la agrupación y madre de un niño con parálisis cerebral, en diálogo con Infocielo, explicó que la situación económica y laboral de los trabajadores resulta insostenible: “Los montos fijados por hora de servicio son insuficientes para cubrir el costo de vida actual y, para peor, la acreditación de los fondos sufre demoras de varios meses. Esta irregularidad abarca a acompañantes terapéuticos, cuidadores, kinesiólogos y centros de día de toda la provincia”.
La falta de respuestas por parte de las autoridades ha derivado en un escenario donde los propios prestadores deben evaluar la continuidad de sus prestaciones, afectando de manera directa la calidad de vida de los afiliados más vulnerables.
Falta de respuestas institucionales y trabas burocrática
Durante la manifestación, las familias y los profesionales intentaron entablar un diálogo directo con los directivos del organismo sanitario. Sin embargo, no fueron recibidos por ninguna autoridad oficial y en su lugar se encontraron con un operativo de seguridad policial apostado en la entrada de la dependencia, hecho que generó malestar e indignación entre los concurrentes.
A la problemática de los retrasos se suman los contratiempos generados por la digitalización de la facturación. En ese sentido, Nicoletti explico: “El sistema implementado mediante geolocalización y validación por token suele presentar fallas operativas frecuentes, derivando en el rechazo de comprobantes e impidiendo que los prestadores cobren en los plazos previstos, quedando registradas deudas de larga fecha sin resolver”.
Pese a la falta de un canal directo de negociación con las autoridades de la obra social, tras la visibilización del reclamo en las calles y en los medios de comunicación, algunos profesionales reportaron la liquidación aislada de períodos adeudados correspondientes a los meses de mayo y junio.
Un impacto directo sobre la autonomía y los derechos básicos
Desde el colectivo remarcan que el conflicto supera lo puramente económico, transformándose en una problemática de derechos humanos: “Cuando los prestadores no perciben sus haberes de manera en tiempo y forma, son las propias familias quienes deben afrontar de su bolsillo los honorarios o, en su defecto, interrumpir las terapias esenciales para el desarrollo de los pacientes”, aseveró.
El testimonio de las madres refleja que la cobertura que brinda el sistema de salud no constituye un beneficio discrecional, sino una herramienta indispensable para garantizar la autonomía personal, la integración escolar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adultos con discapacidad.
Las agrupaciones de familias y los profesionales de la salud se mantienen en estado de alerta permanente a la espera de un esquema de pagos regular. De no consolidarse un circuito ágil y previsible de liquidación, no descartan convocar a nuevas medidas de fuerza en las dependencias públicas.
