Alejandro Sarubbi Benítez, el abogado libertario que una semana atrás encendió la polémica nacional al proponer en el streaming oficialista Carajo que los habitantes del conurbano bonaerense fueran esterilizados, confinados detrás de un muro con francotiradores o directamente bombardeados con napalm (como contó Infocielo e hizo que el propio Daniel “Gordo Dan” Parisini debiera salir a pedirle a sus seguidores que no hostigaran a las marcas que se bajaron del programa tras el escándalo), tuvo esta semana un “waterloo judicial” completamente distinto, y bastante más silencioso que aquel megáfono con el que acostumbra hablarle a su odiado Conurbano.
Vale la aclaración porque conviene no mezclar los tantos: la causa que la Justicia federal cerró esta semana no tiene nada que ver con el conurbano ni con el napalm (quizás, todavía). Es otro expediente, anterior, y el propio abogado terminó reconociendo por escrito que sus dichos “brotaron del desconocimiento”, es decir que como se afirma en la jerga costumbrista argentina y de redes sociales “se comió los mocos”.
Disculpas por escrito y $200.000 a un hospital
El 11 de febrero de 2025, desde su cuenta de X @asb2509, Sarubbi Benítez había escrito una serie de posteos contra la comunidad islámica a raíz del ingreso de un participante de esa comunidad a Gran Hermano.
Llamó “cabeza de toalla” a los musulmanes, escribió que no eran bienvenidos “en el país de la libertad” y los invitó a “lapidar mujeres y a violar niños y ovejas a otra parte”.
Dijo, textual, que era “completamente islamofóbico” y que “pagaría por ver reventado hasta el último hijo de mil puta de esos coge oveja”. El Centro Islámico de la República Argentina radicó la denuncia y la causa recayó en el juzgado del juez federal Julián Ercolini.
Ahí es donde el mismo abogado que en su programa se ríe y es protagonista de las “propuestas” más extremas contra sus compatriotas del conurbano, tuvo que bajar varios cambios.
Su defensa negoció con la querella (el propio Centro Islámico) un acuerdo de reparación integral, con el visto bueno del fiscal Carlos Rívolo, que la Justicia homologó esta semana. El paquete: una retractación pública en la misma red social donde había insultado, y una donación de $200.000 al Hospital de Niños Pedro de Elizalde, de la Ciudad de Buenos Aires.
En el texto de disculpas que deberá publicar, según consta en el expediente, Sarubbi Benítez admite que sus manifestaciones “han podido ser ocasión de sufrimiento y ofensa en los sentimientos religiosos de quienes pertenecen a esta comunidad” y asegura haber visitado personalmente el Centro Islámico para “conocer de manera personal” a sus autoridades.
Toda una vuelta de página para alguien que debió morder el polvo pero que de todos modos meses después, en otra circunstancia, calificaría al conurbano como una “inmensa porción de gente” sin “salvación”, y que por su cercanía temporal hasta este momento no tiene una definición judicial, al menos que haya trascendido públicamente (¿será que en Argentina sale “más barato” ensuciar al Conurbano bonaerense que a la comunidad musulmana, o solo son los famosos “tiempos procesales”?).
El propio Ercolini, con una mirada bastante condescendiente, fundamentó la salida alternativa al proceso penal apoyándose en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal: consideró que las frases, más allá de su contenido, no adoptaron “una forma notable de violencia grave sobre una víctima” en tanto se dirigieron, mediante redes sociales, no contra una persona individualizada sino contra una comunidad religiosa en su conjunto, como si dirigirse a todo un colectivo fuera menos ofensivo que hacerlo contra un individuo en específico.
Es la misma herramienta procesal (la conciliación, con reparación económica y simbólica de por medio) que permite cerrar causas sin llegar a juicio oral cuando querella y fiscalía coinciden en que el conflicto puede resolverse por esa vía.
No es la primera vez que la Justicia o algún organismo disciplinario le marcan la cancha al abogado de Las Fuerzas del Cielo. Antes había sido sancionado por el Colegio Público de Abogados por sus críticas a la Corte Suprema, sanción que también apeló.
Y aún tiene pendiente, en paralelo, la causa que se abrió tras sus dichos sobre el conurbano, radicada en el mismo juzgado de Ercolini pero con instrucción del fiscal Eduardo Taiano, más una segunda denuncia que el ministro bonaerense Gabriel Katopodis anticipó que impulsaría.
Dos causas, dos ‘colectivos’ ofendidos, un mismo protagonista que parece encontrar en el streaming libertario un espacio donde el límite de lo decible se corre cada semana un poco más. Esta vez, al menos, la factura llegó en pesos y en letra pública: doscientos mil motivos para medir mejor lo que se dice frente a un micrófono abierto… Parece poco. Parece demasiado poco para una lengua que se siente respaldada día a día por el ocasional poder político irracional que gobierna al país.
