Mientras proliferan proyectos para prohibir los teléfonos en las cárceles bonaerenses y el gobierno de Javier Milei presiona para que las provincias adhieran al protocolo nacional que bloquea dispositivos en los penales, especialistas en educación en contexto de encierro cuestionaron la medida y defendieron un esquema de acceso regulado.
A través de un documento, especialistas en educación en contexto de encierro de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) cuestionaron la idea de eliminar por completo los dispositivos y advirtieron que la medida podría tener consecuencias contraproducentes tanto para la seguridad como para la educación de las personas privadas de la libertad.
El planteo fue realizado por el Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas de Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárceles (NACT ESADyC), de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, que difundió un texto en respuesta al debate sobre la derogación del protocolo bonaerense que regula el uso de teléfonos celulares en las unidades penitenciarias.
Una ofensiva política contra los celulares en prisión
El debate tomó impulso a nivel nacional a partir de la decisión del Gobierno de ampliar el bloqueo de celulares en cárceles provinciales para aquellas jurisdicciones que adhieran al protocolo nacional.
La medida contempla la posibilidad de inhabilitar equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de impedir que sean utilizadas para planificar o coordinar delitos desde el encierro.
En la provincia de Buenos Aires, el reclamo por una prohibición total también atraviesa a distintos espacios políticos.
El senador provincial del PRO Pablo Petrecca presentó un proyecto para prohibir los teléfonos privados dentro de los penales y reemplazarlos por un sistema de comunicación digital bajo control estatal.
Por su parte, el diputado provincial de La Libertad Avanza Oscar Liberman impulsó una iniciativa para prohibir el uso de celulares dentro de las cárceles bonaerenses. El proyecto plantea dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido por la Resolución 476/20, implementado durante la pandemia de Covid-19 para facilitar la comunicación de las personas detenidas frente a las restricciones sanitarias.
La iniciativa de Liberman cuenta además con el respaldo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien cuestionó públicamente la continuidad del uso de teléfonos en los establecimientos penitenciarios.
“Las cárceles parecen un call center del delito”, sostuvo la magistrada al referirse al tema.
El reclamo por eliminar los celulares también llegó desde el peronismo. En marzo de 2026, la senadora bonaerense Malena Galmarini, de Fuerza Patria, presentó un proyecto para prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de la libertad.
A ese conjunto de iniciativas se sumó Hechos, el espacio integrado, entre otros dirigentes, por Marcelo Leguizamón, Santiago y Manuel Passaglia y María Emilia Subiza. El sector presentó un proyecto para prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El dato político que atraviesa el debate es que la propuesta de restringir o directamente eliminar los teléfonos reúne argumentos y proyectos provenientes de distintos sectores del arco político bonaerense.
La advertencia desde una universidad
En ese contexto, el NACT ESADyC planteó una mirada diferente. Los especialistas sostienen que el problema no puede resolverse simplemente sacando los teléfonos del sistema penitenciario y advierten que la prohibición absoluta podría incluso reducir las herramientas de control disponibles para el Estado.
Según explicaron, antes de 2020 los celulares ya estaban presentes en las cárceles bonaerenses, pero funcionaban en la ilegalidad y sin mecanismos oficiales de registro.
El protocolo vigente estableció el empadronamiento obligatorio del titular, la tarjeta SIM y el código IMEI de cada aparato. Para los especialistas, eliminar ese sistema no necesariamente significa que los dispositivos desaparezcan, sino que puede empujarlos nuevamente hacia la clandestinidad.
“El primer gran error de la receta prohibicionista no es operativo, sino estrictamente estratégico”, señalaron desde el núcleo universitario.
Desde esa perspectiva, el registro de los dispositivos constituye una herramienta de trazabilidad que puede ser utilizada por las autoridades y por la Justicia para investigar los equipos que eventualmente sean utilizados para cometer delitos.
También cuestionaron la instalación de inhibidores de señal como solución definitiva. Según el documento, estos sistemas pueden afectar las comunicaciones de los vecinos de las zonas próximas a los penales y, hacia el interior de los establecimientos, interferir con redes utilizadas por personal penitenciario y sanitario.
El celular como herramienta para estudiar
El segundo eje del planteo universitario se concentra en la educación. Allí aparece uno de los principales argumentos contra una prohibición absoluta: la infraestructura tecnológica disponible en las cárceles bonaerenses resulta insuficiente para reemplazar el acceso que hoy permiten los teléfonos.
Un relevamiento realizado por la UNICEN en las unidades penitenciarias de Sierra Chica —UP 2, 27 y 38— y Azul —UP 7 y 52— expuso esa situación.
En la Unidad 2, 115 estudiantes universitarios deben turnarse para utilizar apenas 13 computadoras operativas. En la Unidad 38 hay 108 alumnos para 12 equipos, mientras que en la Unidad 52 de Azul conviven 41 estudiantes con solamente cinco computadoras.
En ese escenario, el celular dejó de funcionar como un dispositivo complementario y pasó a ser una herramienta central para sostener las carreras universitarias.
Según el informe, el 84% de los estudiantes utiliza sus propios datos móviles para generar conectividad Wi-Fi para las computadoras de las aulas que no cuentan con internet. Además, siete de cada diez estudiantes aseguran que sin el celular no podrían sostener sus estudios.
Los dispositivos son utilizados para acceder a bibliografía, rendir exámenes y entregar trabajos prácticos.
El dato adquiere una dimensión particular porque, según el informe de la UNICEN, esta modalidad híbrida permitió que en 2024 se concretara el primer caso de un estudiante que completó la totalidad de una carrera universitaria mientras se encontraba privado de su libertad.
Seguridad, educación y control
El documento universitario no plantea un uso irrestricto de los teléfonos. Por el contrario, la propuesta apunta a defender un esquema de acceso regulado, con dispositivos registrados y mecanismos de control.
La discusión, desde esa mirada, no debería reducirse a celulares sí o celulares no, sino a qué herramientas utiliza el Estado para impedir que los dispositivos sean utilizados para delinquir sin desarmar al mismo tiempo los mecanismos de educación y reinserción.
“Los celulares registrados dejaron de ser un objeto de lujo para convertirse en el soporte vital del derecho a estudiar”, remarcaron desde el NACT ESADyC.
Los especialistas también sostienen que los programas educativos y el acceso regulado a la tecnología pueden contribuir a generar procesos de inclusión y pacificación dentro de los establecimientos penitenciarios.
Así, mientras buena parte del arco político bonaerense discute cómo avanzar hacia una prohibición de los teléfonos y el Gobierno nacional impulsa mecanismos de bloqueo, desde el ámbito académico aparece una advertencia diferente: eliminar los celulares no necesariamente implica eliminar el delito y puede, al mismo tiempo, dejar a cientos de estudiantes sin una herramienta indispensable para continuar sus carreras.
El desafío, según esta mirada, no sería avanzar hacia un apagón digital dentro de las cárceles, sino reforzar el control sobre los dispositivos, auditar los registros y combatir las redes de corrupción que permiten su utilización irregular, sin desarmar las herramientas educativas construidas durante los últimos años.
