Un grupo de intendentes peronistas movilizó esta semana un pedido para ganar peso en las decisiones que se toman en materia de seguridad en sus territorios. Se reedita así un viejo debate sobre las policías municipales en la provincia de Buenos Aires, que se convierten en un desafío de diseño institucional.
En el streaming de Parecemos Buenos Amigos, de INFOCIELO PLAY, el Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, desmenuzó la postura oficial del “axelismo” frente a un reclamo histórico de los intendentes, calificando de “absurdo” el desfase entre la realidad del Conurbano y el marco legal vigente.
Para Alonso, el primer paso para ordenar la seguridad fue romper con una estructura que impedía identificar culpables ante el fracaso de las políticas. Según el Ministro, antes de su gestión, existía una descoordinación crítica: “lo que te pasaba es que vos ibas a Ensenada, por ejemplo, y la comisaría dependía de un jefe, el comando de patrulla dependía del jefe que estaba en La Plata, la comisaría de la mujer respondía a una superintendente que estaba en otro lado y entonces nadie se hacía cargo de los resultados de eso”.
Ante ese diagnóstico, el gobierno de Kicillof impulsó lo que Alonso define como “un proceso de responsabilización”. La estrategia consistió en reorganizar la cadena de mando para que “cada policía en un municipio tenga un jefe de policía de ese municipio que se hace cargo de coordinar y de conducir todos los elementos policiales y hay un responsable que tiene que rendir cuentas por lo que pasa”. Este jefe local es quien ahora debe articular directamente con el poder político territorial.
La “síntesis” de Kicillof: Ni autonomía total ni centralismo ciego
Alonso sostiene que han logrado saldar una tensión que duró décadas entre quienes pedían policías locales autónomas y quienes defendían un mando centralizado. Para el Ministro, hoy se vive una realidad inédita: “nunca un intendente tuvo más injerencia que ahora para ordenar lo policial, nunca se llegó a la síntesis porque fue una tensión durante décadas”.
Esa síntesis se traduce en mesas de coordinación mensual donde se sientan el secretario de seguridad local, la policía y un delegado del Ministerio para elaborar un “plan integral de seguridad” que combine el patrullaje con variables municipales como el alumbrado o la prevención social. Alonso es enfático en que la policía no puede resolverlo todo: “el trabajo del municipio en la prevención respecto de los menores, de la violencia de género, del ordenamiento urbano… no es lo mismo, los problemas no los va a resolver exclusivamente la policía”.
El punto más crítico de la entrevista surge cuando Alonso analiza la Ley de Seguridad Interior. El Ministro explica que la normativa actual solo reconoce un rol funcional a los intendentes de municipios con menos de 70.000 habitantes, donde la policía depende de ellos para la “cotidiana” aunque la Provincia pague sueldos y los capacite. Sin embargo, esta distinción queda obsoleta al cruzar la General Paz.
“Los intendentes de más de 70.000 habitantes no están incluidos en la ley de seguridad”, advierte Alonso, para luego contrastar ese dato con la evidencia física de las calles bonaerenses: “ahora vos me decís Javier, yo voy por el Conurbano y hay Secretaría de Seguridad, centro de monitoreo, guardias comunales, entonces es un absurdo porque tenemos una ley que no está dando cuenta de lo que se requiere”.
Frente a este vacío legal, el Ministerio optó por avanzar mediante resoluciones y tecnología. Alonso destaca que hoy, gracias a una “inversión muy importante de la multiplataforma”, se ha logrado una integración informativa sin precedentes. “Todos sepamos hoy, todos saben dónde está cada patrullero, dónde está cada policía y eso lo puede controlar cada intendente, eso no pasó nunca antes”, asegura, aclarando que este beneficio alcanza a los 135 distritos por igual, sin distinción partidaria.
De esta manera, el gobierno provincial intenta gestionar la demanda de “policías municipales” no desde la creación de fuerzas paralelas y fragmentadas, sino desde una integración técnica que permite al secretario de seguridad local saber “en tiempo real cuánto tarda el móvil en llegar desde que recibió la llamada hasta llegar a ese lugar”. Para el “axelismo”, la respuesta al “absurdo” legal ha sido la tecnología y la rendición de cuentas compartida.
