La causa que se inició hace casi ocho años por una denuncia de abuso sexual en Punta Alta tuvo este lunes un nuevo y polémico capítulo judicial: el Tribunal en lo Criminal N° 1 condenó a la consejera escolar libertaria Fiorella Belén Damiani a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de falso testimonio agravado. La pena no implica cumplimiento efecto en la cárcel, aunque el fallo ya fue apelado por la fiscalía y la querella, que reclaman una sanción mayor.
La sentencia, dictada por el juez Ricardo Gutiérrez, consideró probado que Damiani declaró falsamente bajo juramento en el marco de una causa criminal, perjudicando a los dos jóvenes a quienes habían acusado de violación en 2017, tras una fiesta en Punta Alta. Por ese motivo fue hallada penalmente responsable del delito previsto en el artículo 275 del Código Penal, que contempla penas de 1 a 10 años de prisión cuando el falso testimonio se produce en una causa penal.
Los videos que cambiaron la causa
El expediente original se había iniciado a partir de la denuncia de Damiani, quien aseguró haber sido abusada sexualmente. Sin embargo, durante la investigación salieron a la luz (cuatro en total), que uno de los acusados había conservado en su celular. Ese material, cuya autenticidad no fue cuestionada en el debate, mostró que el encuentro había sido consentido.
A partir de esas pruebas fílmicas, los jóvenes Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, fueron sobreseídos. Incluso se recordó que durante el juicio llegaron a estar detenidos en un calabozo de la DDI hasta que los registros audiovisuales permitieron esclarecer lo sucedido y recuperar la libertad.
En su fallo, de 83 páginas, el magistrado sostuvo que las imágenes “muestran un escenario diverso y contrastante” respecto de las declaraciones de Damiani. También remarcó que no se constataron lesiones y no se acreditó consumo de drogas o abuso de ketamina. Señaló como “incongruente” que la imputada alegara no poder moverse ni expresarse por el alcohol, pero al mismo tiempo recordara detalles de otras supuestas grabaciones.
“La imputada afirmó falsamente haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal (…) teniendo conocimiento de que sus manifestaciones incriminatorias no eran verdaderas y que tales declaraciones fueron brindadas en el marco de un proceso criminal que perjudicó a los imputados”, sostuvo el juez, quien además valoró como agravante la extensión del daño causado.
Por qué no irá a prisión
Durante los alegatos, el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado querellante Juan Ignacio Vitalini, representante de Pereyra y Álvarez, habían solicitado 9 años de prisión efectiva y la inmediata detención de la consejera de La Libertad Avanza. La defensa, en tanto, pidió la absolución o, subsidiariamente, el mínimo de la escala penal.
Finalmente, el juez fijó la pena en 3 años de prisión, pero de ejecución condicional. Para fundamentar esa decisión, señaló que Damiani no posee antecedentes penales y citó doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el precedente “Squilario”, que desaconseja la imposición de penas cortas de encierro por su escasa eficacia resocializadora. También consideró como atenuante la edad de la imputada al momento del hecho, 18 años, a la que describió como “sinónimo de inexperiencia o inmadurez”.
La condena incluye, además, una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la pena para declarar como testigo en procesos judiciales y la obligación de cumplir reglas de conducta durante tres años: mantener actualizado su domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados. En caso de incumplimiento, podría revocarse la condicionalidad y hacerse efectiva la prisión.
“Es una burla”: la reacción de los denunciantes
Tras conocerse el fallo, Fernando Pereyra expresó su indignación en declaraciones públicas. “Claramente es muy poco. A la luz de las pruebas exhibidas a lo largo de las tres audiencias, es muy poco”, afirmó.
“Es una burla. Nos sentimos burlados. Una vez más el Poder Judicial nos decepciona, no solamente a nosotros sino a toda la sociedad”, agregó, al remarcar el impacto personal y social que tuvo la acusación que enfrentaron y los días que pasaron detenidos.
Tanto la fiscalía como la querella confirmaron que apelarán la sentencia para solicitar una pena mayor. De este modo, será una instancia superior la que deberá revisar el fallo que, si bien condenó a la actual consejera escolar libertaria por falso testimonio agravado, le permitió continuar en libertad.
El caso, que comenzó con una grave denuncia de abuso y derivó en la imputación de quien la había formulado, vuelve así a escalar en el plano judicial y político, con un desenlace que aún no está cerrado.
