La liberación de Nahuel Gallo profundizó la embestida que el Gobierno nacional y los medios de comunicación dominantes venían llevando adelante contra la AFA por otros temas. Este nuevo capítulo aparece con una posible derivación judicial. Mientras el gendarme ya está de regreso en el país, sano y salvo, en la Casa Rosada analizan denunciar al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, por una presunta “usurpación de funciones”.
Según trascendió en ámbitos oficiales, el planteo en estudio parte de la idea de que cualquier negociación vinculada a ciudadanos argentinos detenidos en el exterior corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo.
Bajo esa premisa, la participación de la AFA en gestiones para facilitar la salida de Gallo habría “invadido competencias propias de la política exterior”.
La figura en estudio
La causa que se evalúa iniciar busca encuadrar la conducta de Tapia dentro del delito de “usurpación de funciones”, figura que sanciona a quien ejerce actos propios de una autoridad pública sin tener atribuciones para ello. Hasta el momento no hay una presentación formal, pero el análisis jurídico de los abogados de Milei está en curso.
El conflicto escaló después de que el dirigente del fútbol denunciara al juez que le impidió viajar a Venezuela para involucrarse personalmente en las tratativas.
Tapia habló de “cohecho” y “abuso de autoridad”, lo que derivó en una causa judicial paralela al magistrado.
Gestiones y disputa por el mérito
Desde el oficialismo relativizaron la incidencia de la Asociación del fútbol Argentino en la liberación y señalaron que las negociaciones se canalizaron por “vías diplomáticas”, aunque no aportaron pruebas concretas de sus afirmaciones.
Sin embargo, el hecho de pensar en propiciar una denuncia contra Tapia demuestra que “la bala entró”, y a pesar de esa minimización, si lo quieren judicializar es porque esa negociación exitosa de la AFA existió, y sería contradictorio negarlo y a la vez ir a la Justicia para denunciar lo que dicen que no fue una intermediación importante.
En la AFA sostienen que hubo contactos con dirigentes del fútbol sudamericano y coordinación logística para garantizar el traslado una vez autorizada la salida.
El regreso del gendarme que pasó 448 días en cautiverio, se realizó en un avión vinculado a la estructura de la AFA, con presencia de directivos cercanos a Tapia. En la entidad del fútbol describen la intervención como una “gestión humanitaria en un contexto de relaciones diplomáticas interrumpidas“.
La discusión ya no gira sobre la liberación en sí, sino sobre los alcances institucionales de esa participación. El Gobierno analiza tomar represalias ‘de esa afrenta’, a través de la vía judicial, mientras la conducción del fútbol ratifica que su intervención resultó determinante para destrabar la situación.
La decisión final sobre una eventual denuncia contra Claudio Tapia definirá el próximo capítulo de un conflicto que combina política exterior, competencias institucionales, participación mediática y una disputa oculta por las SAD.
