La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria para el 3 de marzo al ex director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny en el marco de una investigación por presunta defraudación contra la administración pública.
Se trata del exfuncionario de María Eugenia Vidal y actual Jefe de Gabinete del gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.
Los hechos investigados corresponden al periodo 2026- 2017 cuando se desempeñaba como titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en el gobierno del expresidente Mauricio Macri antes de dar el salto al gobierno bonaerense como reemplazante de Alejandro Finocchiaro.
La medida fue dispuesta en el marco de la causa CFP 1837/2024, caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a partir del pedido formulado por la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano, indicó la agencia Noticias Argentinas.
¿Por qué hechos será indagado Gabriel Sánchez Zinny?
La justicia federal analiza si Sánchez Zinny incurrió o no en el delito de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles vinculadas al otorgamiento de créditos fiscales a Toyota Argentina.
También serán indagados Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante quienes cumplían funciones en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y en el Ministerio de Educación y Deportes durante la gestión PRO.
La imputación sostiene que, desde sus funciones, realizaron contrataciones a través del régimen de crédito fiscal que no podían concretarse de manera directa por no cumplir con el régimen de contrataciones públicas y por la existencia de vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas.
La maniobra habría consistido en la emisión de certificados de crédito fiscal en favor de Toyota Argentina SA como empresa patrocinante de proyectos educativos conforme la ley 22.317. Sin embargo, la fiscalía entendió que los fondos fueron utilizados para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos previstos por la norma.
En los tres casos acreditados, el dinero que dejó de ingresar al Estado se destinó a las firmas Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL. La investigación señaló que los servicios contratados presentaban irregularidades, baja calidad, inconsistencias en fechas y falta de respaldo documental.
Se estima que el monto acreditado del presunto perjuicio ascendió a $2.854.405, cifra que actualizada mediante la tasa activa del Banco Nación alcanzó los $16.515.389,42.
En tanto, el total originalmente presupuestado en certificados de crédito fiscal para Toyota Argentina SA fue de $7.000.000, que actualizados representarían $40.501.514,67.
