El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral generó un fuerte cruce entre el sindicalismo y el Gobierno nacional, con evaluaciones contrapuestas sobre el nivel de adhesión y el impacto de la medida de fuerza.
La central obrera destacó la contundencia de la protesta y celebró la adhesión registrada en distintos sectores productivos, mientras que desde la administración de Javier Milei cuestionaron el paro y lo calificaron como una acción “extorsiva” que perjudica la actividad económica.
La CGT destacó la adhesión y celebró el impacto del paro
El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, aseguró que la huelga fue “contundente” y logró visibilizar el malestar social frente al proyecto oficial de reforma laboral y la situación económica.
Según explicó el dirigente, el alto nivel de acatamiento comenzó a percibirse incluso antes del inicio formal de la medida de fuerza, cuando trabajadores de sectores fabriles con turnos nocturnos dejaron sus puestos de trabajo desde la noche previa.
El sindicalista sostuvo que el alcance fue federal y que el respaldo se reflejó en múltiples actividades productivas. En ese sentido, remarcó que el paro se expresó en el “vacío de las calles” y en la paralización de sectores estratégicos, lo que, según evaluó, evidenció la magnitud de la protesta.
Desde la central obrera también difundieron mensajes en redes sociales donde señalaron que “el paro se siente en cada puesto de trabajo” y ratificaron su rechazo a la reforma laboral en debate en el Congreso, al considerar que implica una pérdida de derechos laborales.
Sola explicó que la protesta tuvo un doble objetivo: manifestar el rechazo al proyecto legislativo y advertir sobre el contexto socioeconómico, marcado, según cifras sindicales, por caída de la actividad, cierre de empresas y pérdida de empleo formal. Además, defendió la adhesión de los gremios del transporte y afirmó que los trabajadores “tienen derecho a expresarse”.
La postura del Gobierno y las críticas al paro
Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza la medida de fuerza y la calificó como un paro “extorsivo” y “perverso”, al considerar que impide trabajar a quienes desean hacerlo.
El funcionario sostuvo que la protesta genera perjuicios económicos y sociales, especialmente para los trabajadores informales y quienes dependen de ingresos diarios. En esa línea, aseguró que la medida representa un daño para el país y estimó que provocará pérdidas económicas millonarias.
Adorni también puso en duda el nivel de adhesión informado por la CGT y señaló que muchas personas no pudieron asistir a sus empleos debido a la interrupción del transporte público. Además, consideró “extraño” que no se hayan impulsado medidas similares durante gestiones anteriores con indicadores económicos adversos.
