En una situación anómala desde el punto de vista del derecho, el Procurador General ejerce la jefatura de todos los fiscales y de los defensores oficiales de la Provincia de Buenos Aires. En medio de la embestida contra Julio Conte Grand, cuestionado por su perfil militante PRO, hay avances en ese tema.
La división de la Procuración fue sancionada por la Legislatura durante el Gobierno de Daniel Scioli y por impulso de parte del kirchnerismo que buscaba marcarle la cancha a María del Carmen Falbo. La Ley 14.442 fue tachada por supuesta inconstitucionalidad y estuvo frenada durante más de cinco años en los tribunales bonaerenses.
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Finalmente, en mayo de 2019, hace casi 3 años, la Suprema Corte bonaerense dictaminó su constitucionalidad y vigencia plena, y resolvió los pasos para nombrar a un nuevo jefe de los Defensores Oficiales, por fuera de la órbita y el control de Julio Conte Grand.
Para eso, el Consejo de la Magistratura bonaerense abrió recientemente el la primera convocatoria a exámenes para seleccionar Defensor y Subdefensor. Las inscripciones están prontas a abrirse -entre el 19 y el 3 de junio-, pero el camino es largo: el proceso de selección tiene su parte escrita, entrevistas personales, evaluaciones psicológicas y de antecedentes.
De esa etapa surge una orden de mérito, a partir de la cual el Consejo de la Magistratura elabora una terna vinculante que comunica al Poder Ejecutivo. Será el propio gobernador, Axel Kicillof, quien seleccione uno de esos tres nombres y lo remita al Senado para que preste acuerdo y formalice su designación.
No será el único pliego que remita el mandatario bonaerense: están además las vacantes en la Suprema Corte bonaerense y en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, cargos vitalicios y de importancia, codiciados por todas las tribus oficialistas y también por la oposición.
La creación de la Defensoría General, un viejo anhelo
La creación de la Defensoría General es un viejo anhelo de los defensores oficiales. El fallecido Mario Coriolano, defensor oficial del tribunal de Casación Penal, fue uno de los grandes promotores de la ley sancionada hace casi una década.
Coriolano solía explicar que la división de la Procuración permitiría “mejorar la organización institucional, para fortalecerla, para que el acceso a la justicia para quienes carecen de bienes funcione mejor”. También destacaba que la conformación vigente del Ministerio Público Fiscal es una de las “grandes deudas pendientes y son los defectos que están erosionando la credibilidad de la justicia”.
Esos diagnósticos de Coriolano se cristalizaron hace pocos años, cuando el segundo de la Procuración -el secretario de Política Criminal de la Procuración General- pretendió “disciplinar” a la máxima autoridad de los defensores oficiales por haber ingresado a un penal bonaerense para investigar el caso de Mónica Mego, una mujer trans que quedó parapléjica por los tratos inhumanos del Servicio Penitenciario.
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