Alberto Fernández fue procesado este jueves por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como presidente. La medida, dictada por el juez federal Sebastián Casanello, se da en el marco de una causa que investiga posibles irregularidades en la contratación de seguros para organismos estatales entre 2019 y 2023. También se impuso un embargo sobre sus bienes por $14.634 millones.
Según el fallo, Fernández intervino para beneficiar a su entorno cercano mediante un esquema de direccionamiento de pólizas que favoreció a determinados brokers, en especial al empresario Héctor Martínez Sosa, señalado como su amigo personal. Este último fue procesado junto a su esposa, María Cantero, quien se desempeñó como secretaria privada del expresidente en la Casa Rosada.
Para Casanello, la incorporación de Cantero a un rol de extrema cercanía con Fernández generó una situación de riesgo institucional. “Su solo nombramiento, dada la sensibilidad de las tareas a cumplir -en especial, su contacto inmediato con la agenda y los quehaceres diarios del primer mandatario- suponía, ya de base, la creación de un riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza”, sostuvo en el fallo.
La Justicia detectó que entre 2020 y 2023, la firma de Martínez Sosa acumuló cerca del 60% de las comisiones pagadas por Nación Seguros, superando los $2.250 millones, y logró contratos con al menos 19 organismos públicos. En algunos casos, según la resolución, el propio Fernández habría intervenido para sostener determinados acuerdos.
También fueron procesados el expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, exdirectores de la empresa y los economistas Santiago Fraschina y Federico D’Angelo Campos, responsables del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En tanto, el juez dictó la falta de mérito a seis empresarios y ordenó nuevos allanamientos a más de diez firmas vinculadas al circuito investigado.
La causa se originó a partir de denuncias de la abogada Silvina Martínez y de los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, quienes señalaron posibles sobreprecios y el uso de intermediarios que cobraban comisiones hasta tres veces superiores al valor de mercado. Las presentaciones se basaron en una nota del diario Clarín que aludía a una presunta “caja negra” de la política en ANSES. Días después, el Ministerio de Capital Humano también se sumó a la denuncia.
Desde el entorno de Fernández rechazaron los cargos y aseguraron que todas sus decisiones se encuadraron en la normativa vigente. Sostienen que el objetivo de concentrar las pólizas en Nación Seguros fue justamente ordenar el sistema y reducir gastos superfluos. Mientras tanto, el expediente continuará su curso en Comodoro Py, bajo la atenta mirada del escenario político y judicial.
