La Justicia podría suspender el juicio que involucra a un funcionario judicial y a su hijo en un grave delito de violencia de género contra su esposa y madre, en el marco de un polémico acuerdo que desafía protocolos internacionales en la materia, reacios –siempre- a aceptar probation y otras fórmulas que buscan morigerar la responsabilidad penal de los acusados, con el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer.
Lo llamativo del acuerdo, que hora deberá resolver la jueza que interviene en la causa, es que llegó al expediente con el explícito aval de la fiscal de la causa, María Victoria Huergo, quien promovió “el beneficio de la suspensión del juicio a prueba por 3 años”, que incluye, además de una serie de exigencias que deberán cumplir los acusados, una compensación económica para la víctima.
Ahora, la jueza deberá resolver si avala el “acuerdo” que ya cuenta con el respaldo de la fiscalía, y que podría sentar un precedente en causas vinculadas a violencia de género, en las que, con los hechos probados, se impone el requisito de ir a juicio en el marco de convenciones internacionales que buscan erradicar ese tipo de delitos. La “probation”, una herramienta jurídica que busca resarcir un comportamiento reñido con la ley, no suele aplicar en casos de violencia de género como fórmula de resolución del conflicto –para evitar el juicio, como en este caso se impulsa-, salvo como reparatoria en parte de la condena, cuando la privación de la libertad queda en suspenso.
La polémica iniciativa, beneficia en términos procesales a MFS y a su hijo, IS, acusados ambos por lesiones leves agravadas por ser cometidas por un hombre en contexto de violencia de género y por haber sido cometidas por su pareja, y lesiones leves agravadas por ser cometidas por un descendiente en concurso real con amenazas agravadas respectivamente.
Los puntos del acuerdo
En su presentación, la fiscal Huergo elevo las condiciones del acuerdo al que arribó con la defensa de los acusados, Felipe Granillo Fernández, y que fue notificado a la víctima y a su letrada, “en numerosas conversaciones virtuales y telefónicas”, con el fin de suspender el juicio a prueba.
Entre las condiciones, figuran: Someterse al cuidado de Patronatos de Liberados con el requisito de presentarse trimestralmente; Abstenerse de mantener trato conflictivo con la víctima; realizar 100 horas de tareas comunitarias con alguna entidad de bien público; realizar el curso de masculinidades; continuar con la terapia y no cometer nuevo delito”. Además, incluye un punto explícito de resarcimiento económico a la víctima.
Además del mecanismo poco habitual en el ámbito de la Justicia para este tipo de causas, la polémica se alimenta, también, por beneficiar al primer funcionario judicial –hijo de una reconocida ex camarista civil- acusado por violencia de género.
El caso
El hecho que derivó en la imputación del padre y de su hijo que estuvieron detenidos, pero que involucró, además, al padre del primero –se dio el insólito hecho de que la víctima recibió actos de violencia explícita en los primeros dos casos y psicológica en el último- ocurrió agosto de 2022.
Según surge de la causa, quedó acreditado en el expediente que aquel día, dos sujetos de sexo masculino, uno de ellos la pareja y el otro su hijo, violentaron de forma explícita a la víctima en la cocina de su domicilio. Después, al momento de ser atendida por la asistencia médica, quien se subió a la ambulancia para hostigarla con amenazas intentando evitar la denuncia, fue el padre de su pareja –suegro de la víctima- que también estuvo imputado hasta la fecha de su deceso.
