El Ministerio de Salud de la Nación, encabezado por Mario Lugones, confirmó que se descontarán los días de trabajo a los residentes y médicos del Hospital Garrahan que no asistieron durante las recientes jornadas de protesta. La medida profundiza la estigmatización hacia los trabajadores de la salud que reclaman mejoras salariales y condiciones dignas, en medio de sueldos que muchos califican como de indigencia.
La decisión se tomó tras declarar el incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte del sindicato ATE, que acompañó las medidas de fuerza en el Garrahan. En un comunicado oficial, el Ministerio acusó al gremio de “violar la ley y perjudicar a los pacientes” y anticipó que “nadie está por encima de la ley” y que “el que no cumple, paga las consecuencias”.
En paralelo, anunció el despido de 110 trabajadores del Hospital Posadas, acusados de no asistir a sus puestos o de mantener ausencias reiteradas sin justificación. Según el comunicado oficial, se trata de contratados que no cumplían con sus funciones, y cuyas situaciones fueron auditadas y evaluadas individualmente.
“En esta gestión no hay lugar para ñoquis ni acomodos”, sostuvo el texto difundido por la cartera, que aseguró que cada peso malgastado se redirigirá a quienes sí trabajan, a insumos y a equipamiento. La medida forma parte del reordenamiento impulsado por el gobierno libertario en el sistema de salud, con una narrativa que busca asociar el gasto público a privilegios de sectores sindicales o políticos.
Ajuste con lógica de castigo
Desde distintos sectores gremiales y profesionales de la salud advirtieron que los descuentos en el Garrahan y los despidos en el Posadas son parte de una avanzada que busca disciplinar al personal sanitario y deslegitimar sus reclamos. En lugar de atender las denuncias por bajos salarios o falta de recursos, la respuesta oficial refuerza la idea de que los hospitales deben “limpiarse” de la llamada “casta política sindical”.
Mientras tanto, médicos residentes, enfermeros y técnicos continúan exigiendo mejoras salariales que, en muchos casos, no alcanzan la canasta básica. Las protestas —que incluyen paros, marchas y asambleas— no sólo denuncian sueldos insuficientes, sino también condiciones laborales críticas, falta de insumos y precarización.
Frente a esto, la respuesta del gobierno de Javier Milei, canalizada a través del Ministerio de Salud, ha sido más punitiva que resolutiva. Con la motosierra como bandera, se prioriza el ajuste sobre el diálogo, dejando un mensaje claro: en el nuevo orden, reclamar tiene consecuencias.
