La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) junto a la diputada provincial Susana González y la senadora Teresa García presentaron el pedido de juicio político contra el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta por “negligencia, incompetencia e irregularidades en el desempeño”.
Según los denunciantes, esta decisión tiene que ver por falencias de su trabajo en dos causas: una contra el intendente de Ensenada, Mario Secco, que fue recientemente elevada a juicio, y una segunda contra dirigentes sindicales del Astillero Río Santiago.
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“La persecución política del fiscal Condomí Alcorta contra el Intendente de Ensenada Mario Secco, no es un episodio aislado, se inscribe en una política implementada durante la gestión de Cambiemos, para perseguir y presionar a dirigentes y jueces de acuerdo a los intereses políticos del gobierno”, señalaron en la demanda.
Como ejemplos de ellos, mencionaron una supuesta persecución contra el juez de garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitale, el Fiscal General de Lomas de Zamora Enrique Ferrari o el proceso que terminó con la destitución del juez Luis Arias.
En la causa contra el intendente del Frente de Todos por resistencia a la autoridad y otros delitos durante una manifestación frente a la Legislatura Provincial, la denuncia por mal desempeño de sus funciones señala que el fiscal Condomí Alcorta, en ese momento a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, actuó a pesar de no tener competencia en el asunto.
El segundo de los hechos se inicia con una denuncia del interventor de Astilleros Río Santiago (ARS) designado por el gobierno de Cambiemos, en cuya gestión también se designó a un agente de inteligencia de la AFI como Gerente, Coordinador de Seguridad y Jefe de Recursos Humanos del ARS.
Los denunciantes aseguraron que el procurador bonaerense Conte Grand designó a Condomí Alcorta para conducir esta investigación y que los medios de pruebas producidos por el fiscal demuestran una intención de “direccionar la pesquisa a fin de involucrar directamente a la cúpula de ATE Ensenada”.
“Teniendo en cuenta la conducta del Agente Fiscal Condomí Alcorta, se encuadra lisa y llanamente en el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, incompetencia y negligencia en el ejercicio de sus funciones, y en graves irregularidades en los procedimientos en los que ha intervenido […] y en particular la omisión de actuar de oficio ante un delito de acción pública como lo es el delito de malversación de fondos públicos y corrupción, descubiertos a raíz de las medidas periciales por él solicitadas”, concluye la presentación realizada por la CPM y las legisladoras provinciales.
Julio Conte Grand, también en la mira
En la misma presentación, las legisladoras y la CPM focalizaron en la figura del procurador General de la Provincia Julio Conte Grand, sobre el que ya busca avanzar un pedido de juicio político trabado en la Legislatura.
“Esta actuación irregular del fiscal Condomí Alcorta fue avalada por el procurador bonaerense Julio Conte Grand”, sentenciaron.
El organismo recordó que ya había advertido sobre ese “amparo” del Procurador a las acciones irregulares de los funcionarios que impulsaban estas maniobras de persecución y hostigamiento a dirigentes políticos, sindicales e, incluso, a funcionarios del mismo poder judicial.
“Promovió la adecuación de la estructura de la Procuración con la creación de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, con el objetivo centralizar todas las denuncias contra los Fiscales y Defensores, las que antes tramitaban ante funcionarios jerárquicos concursados”, recordaron.
Según explicaron, esta secretaría está integrada por funcionarios elegidos discrecionalmente por Conte Grand. “Desde allí se propiciaron maniobras de inteligencia ilegal y manipulación en el accionar de la Justicia, siendo una herramienta indispensable del Procurador para lograr la impunidad de fiscales denunciados al mismo tiempo que la utilizó para la persecución y hostigamiento de magistrados independientes”, cerraron.
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