El Gobierno Nacional publicó una nueva decisión administrativa que establece la posibilidad de asignar unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores del Gabinete de Asesores. Esta medida, anunciada en el Boletín Oficial, tiene lugar en un contexto de ajuste económico que afecta principalmente a los trabajadores del sector público, quienes vienen experimentando una reducción en la dotación de personal a lo largo de la gestión de Javier Milei.
El artículo 5º de la decisión administrativa señala que estas unidades adicionales se asignarán “en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal” dentro de cada jurisdicción. En términos sencillos, lo que implica es que, tras los despidos de trabajadores estatales, el dinero ahorrado se destinará a aumentar las remuneraciones de las autoridades superiores. Para implementar este ajuste, se requiere la intervención de la Secretaría de Transformación del Estado y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.
El ajuste que no llega a los poderosos
Este decreto llega en medio de un clima de descontento social. Desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023, el Gobierno ha adoptado una política de ajustes severos, particularmente en la administración pública. Una de las medidas más destacadas fue la implementación de exámenes de idoneidad para los empleados estatales, los cuales fueron aprobados en un 98% de los casos, lo que refleja una fuerte presión sobre la eficiencia del sector público.
Sin embargo, la promesa de que este ajuste lo pagarían “los de la casta política” parece haber quedado en el olvido, ya que mientras los salarios de los senadores y las autoridades superiores aumentan, los jubilados siguen reclamando en las afueras del Congreso, con pensiones que permanecen estancadas.
Este decreto refleja un patrón claro: los beneficios para los funcionarios de alto rango parecen estar garantizados, mientras que los trabajadores del sector público y los jubilados enfrentan una realidad cada vez más difícil. La asignación de unidades retributivas adicionales para las autoridades superiores, como se menciona en el artículo 5º, no hace más que acentuar la disparidad entre los distintos sectores de la sociedad, lo que refuerza la sensación de que el ajuste siempre recae sobre los más vulnerables.
