A un año de la masacre de Pergamino en el que murieron siete personas calcinadas en una comisaría tras un incendio, organismos de Derechos Humanos continuan demostrando el grado de ilegalidad que tuvo la fuerza policial al alojar en esa dependencia a los detenidos que terminaron muertos.
Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, Jhon Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre estaban detenidos en la Comisaría 1° de Pergamino cuando se desató el incendio que los uniformados presentes no pudieron –o no quisieron- apagar a tiempo. Fallecieron al quedar encerrados en sus celdas durante el siniestro y el llamado de bomberos se realizó varios minutos después de que este comenzara.
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Foto: La Izquierda Diario.
La CPM detalla que a pesar que desde el año 2005 “se encuentra prohibido el alojamiento de personas en comisarías”, durante el 2014 el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires “publicó una resolución que habilitó los calabozos de las dependencias policiales para alojar personas”.
Sin embargo, se mismo año el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Júridica (CIAJ) impugnaron esa decisión.
Según el CELS, a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre 2014 y 2018 “la cantidad de personas alojadas en las 432 comisarías provinciales aumentó”.
“En febrero de este año el número de detenidos en dependencias policiales en condiciones de ilegalidad alcanzaba a 3321”, explicaron.
En el nuevo fallo, la Cámara de Apelación manifestó que las instalaciones de las principales comisarías de la provincia “no reunían las condiciones necesarias para alojar detenidos” por tiempos prolongados.
“Además, afirmó que, en este escenario, resulta muy dificultoso poder cumplir con el tratamiento establecido por las normativas nacionales e internacionales”, indicaron.
Sobre la base de esta situación, el fallo obligó al Estado provincial a no permitir que nuevos detenidos sean alojados en dependencias policiales y a desalojar a aquellas personas se encuentren en dichas circunstancias. “Hasta el momento, el Estado provincial no ha cumplido con lo establecido en la medida cautelar”, denuncian.
Por este motivo, desde el organismo bonaerense realizaron una presentación “exigiendo que se cumpla con lo ordenado por la Cámara Contencioso Administrativa, se suspenda la resolución que habilita a las comisarías como espacios de detención, se efectivice la prohibición de alejamiento en dichas circunstancias y se presente un plan de contingencia para desalojar de manera urgente a quienes aún sufren las pésimas condiciones en las que se vive en las dependencias policiales”, dice el comunicado del CELS.
De los cinco policías imputados por las muertes de los jóvenes en la comisaría de Pergamino, insólitamente cuatro accedieron a una prisión domiciliaria y todavía hay un comisario prófugo.
Desde Pergamino pelean para que la comisaría primera sea declarada un sitio de la Memoria, no solo por la tragedia sino porque la misma fue un centro clandestino durante la dictadura militar.
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