El Frente de Todos de Olavarría cruzó con dureza al intendente de la localidad, Ezequiel Galli por la postura adoptada por el Municipio ante el escándalo desatado por la presunta venta ilegal de terrenos privados y fiscales.
La arremetida se produce en medio de importantes novedades a nivel judicial que complicaron la situación procesal de cuatro personas. Una de ellas, es el dirigente barrial Mariano Ciancio, quien se sumó a la gestión del intendente Ezequiel Galli como Asesor Municipal en la secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida que conduce Diego Robbiani.
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Tras las últimas novedades judiciales – se lo notificó de formación de causa- la Comuna de Olavarría decidió suspender a Ciancio en su cargo hasta tanto se determine si tuvo o responsabilidad penal en las presuntas maniobras de estafas reiteradas.
Además del dirigente mencionado, también es investigado Claudio Ariel Peralta, otro dirigente barrial que se presentaba ante los interesados en adquirir los terrenos como una persona con amplia llegada a funcionarios municipales.
Para materializar el engaño, hacía uso de información sensible sobre la ubicación los números de matrícula de los terrenos que ofrecía. A esos datos, únicamente podía accederse a través del área de Catastro municipal, instancia que facilitaba el engaño a los interesados.
A su vez, mostraba contactos con una escribanía en la que se iniciaban los trámites que daban mayor credibilidad a la maniobra. En base a esos datos, los vecinos interesados en adquirir los inmuebles entregaban importantes sumas de dinero como parte de los trámites iniciales hasta que se percataban del engaño (descubrían que los terrenos ya tenían dueño o habían sido vendidos a más personas).
Otros dos efectivos policiales acusados e insinuaciones sobre la intervención de más personas cercanas al entorno municipal a partir de una serie de audios virilizados.
“Asume una actitud de espectador y toma decisiones de manera tardía”
Ante la situación, el Frente de Todos dio a conocer un comunicado con el que mostró “preocupación” ante “la postura adoptada por el intendente Ezequiel Galli”.
“Asume una actitud de espectador y toma decisiones de manera tardía” señalaron desde el bloque opositor que controla la presidencia de la Comisión Investigadora creada en el ámbito del Concejo Deliberante.
En esa dirección, contrastaron los dichos del intendente con los que mostraba su “disposición para trabajar en el esclarecimiento de lo sucedido” con la ausencia de medidas administrativas, a excepción de la separación de Mariano Ciancio.
“Ahora ya se investiga el delito y no se conocen investigaciones internas administrativas en las áreas que manejan información sensible relacionada con los inmuebles ubicados en el partido de Olavarría, ni tampoco envía la información que le es requerida por la Comisión Especial que funciona en el Concejo Deliberante” advirtieron.
“Es alarmante el posible daño patrimonial que pudo haberse causado al Municipio”
Los concejales del Frente de Todos, también se refirieron al posible daño patrimonial que pudo haberse causado al Municipio de Olavarría: “Tteniendo en cuenta que en muchos de los casos conocidos públicamente y viendo que es factible una maniobra en común, se realizaban las operaciones ilegales con terrenos que tenían deudas de tasas municipales de muchos años” explicaron.
Por el momento, el Municipio reconoció que dos de los terrenos formaban parte del erario municipal y por ese motivo se presentó como particular damnificado.
Asimismo, y en base a lo expresado por los damnificados, remarcaron que “es posible que estemos también ante un uso de la información pública que deja en evidencia un incumplimiento de deberes de los funcionarios y que genera también un daño patrimonial”.
“El Municipio se presenta como particular damnificado de manera tardía, alegando que estaban a la espera de saber si en la venta ilegal de terrenos había lotes municipales, cuando estábamos frente a un potencial perjuicio económico para nuestra ciudad y la comunidad y, la posibilidad de que el municipio sea responsable ante la omisión de contralor de las acciones que pueden haberse cometido por algún funcionario” fustigaron.
En ese sentido, afirmaron que “aún se desconoce la magnitud de esta maniobra delictiva que venían desarrollando en la ciudad desde hace por lo menos 2 años”.
¿Qué se sabe de la investigación judicial?
Días atrás, la fiscal de la causa, Dra. Paula Serrano, ordenó una serie de allanamientos en el marco de la investigación que sigue por “Estafas reiteradas”.
Los procedimientos, tuvieron lugar en escribanías, estudios de abogados y los domicilios de algunos de los apuntados. Entre ellos, se allanaron las viviendas de Claudio Ariel Peralta o el funcionario municipal Mariano Ciancio y de agentes policiales.
Según pudo saber Infocielo, los procedimientos fueron “altamente positivos” y se secuestró importante documentación y teléfonos celulares.
Tras los procedimientos, fueron notificados de formación de causa cuatro personas: Claudio Ariel Peralta, Mariano Ciancio y dos agentes de la policía bonaerense de apellidos Sampaoli y Loiza.
Se cree que en los próximos días, la justicia iniciaría el pedido de indagatorias que decantarían en posibles imputaciones. Se reunir mayores elementos, la causa podría avanzar incluso sobre el delito de “Asociación ilícita”, una tipificación que presupone penas más gravosas en caso de comprobarse que haya existido un trabajo coordinado y con división de tareas para la concreción de los delitos.
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