Tras la designación de una mujer proveniente de los movimiento sociales a la estratégica Secretaría de Integración Urbana en Nación, el gobierno de Axel Kicillof evalúa la posibilidad de seguir de cerca las políticas que tiendan a “urbanizar las villas” y asentamientos en el territorio bonaerense.
Lo que hasta entonces no aparecía como un objetivo claro en las agendas de Nación y Provincia, poco a poco comienza a abrirse a partir de la irrupción de legisladores y funcionarios que responden a las organizaciones populares.
TE PUEDE INTERESAR
El caso más emblemático fue el de Fernanda Miño, una exconcejal de San Isidro que trabajará en pos de garantizar mayor integración y desarrollo en los barrios más pobres del país. Por eso, ahora en la administración bonaerense intentan replicar esos pasos.
“Obviamente que estamos alineados con los objetivos y las políticas concretas que está desarrollando el gobierno nacional en cuanto a la política habitacional y la integración social de los barrios más postergados”, le respondieron a INFOCIELO desde el ministerio de Obras Públicas que dirige Agustín Simone.
Ernesto Selzer, el Subsecretario de esa área celebró el nombramiento de Miño en ese lugar dentro del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce María Eugenia Bielsa.
“Nos parece una excelente decisión la designación de Fernanda Miño como Secretaría de Integración Urbana”, expresó Selzer respecto a la dirigente que responde a Juan Grabois.
Además, contó que a diferencia de Nación, en Provincia esas políticas serán acompañadas desde el Instituto de la Vivienda y desde la caja del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que dirige Fernanda Raverta.
“En este ministerio manejamos el Instituto de la Vivienda que es brazo ejecutor de parte de la política de vivienda, del mejoramiento de infraestructura”, aseveró el Subsercretario.
La misión es, por lo menos, titánica. En detalle, el gobierno de Alberto Fernández buscará solucionar los problemas estructurales en más de 4400 barrios, en donde viven 900 mil familias, lo que equivale a 4 millones de personas en todo el país.
Fernanda Miño junto al dirigente social, Juan Grabois.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires se contabilizan 1726 de esos asentamientos. Es decir, el 40% del total de las villas y barrios excluidos en toda la Argentina.
De ahí la urgencia de seguir de cerca las políticas de urbanización que provengan desde Nación.
De esta forma, el contacto con los movimientos sociales y las cooperativas en la provincia de Buenos Aires será a través del ministerio de Desarrollo de la Comunidad que contará, a su vez, con la dirección de tierras y la promoción de la Ley de Acceso Justo al Hábitat.
Acá hay una salvedad importante a tener en cuenta: mientras que desde el Instituto de la Vivienda, el gobierno de la provincia dará lugar para que las obras sean realizadas por empresas constructoras, pymes y en un tercer lugar, a cooperativas; desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad se buscará que los programas de vivienda sean capitalizados por las cooperativas a manos de las organizaciones sociales.
TE PUEDE INTERESAR
