El ministro de seguridad de la Provincia se ha transformado en su propio personaje. El Sergio Berni mediático se llevó puesto al Berni persona, con formación militar. Una lástima, porque, al fin y al cabo, al de carne y hueso, parecía sobrarle pergaminos para controlar la seguridad.
Una cosa es manejar Gendarmería, una fuerza federal que apenas aporta musculatura a la Policía de la Provincia, y otra, bien distinta, gestionar el mayor ejército del país y, sobre todo, planificar un programa de gestión para garantizar la seguridad de los bonaerenses. En rigor, esa fue la incógnita que rodeó a la designación de Berni al frente del Ministerio de Seguridad en el arranque de la gestión Kicillof.
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Entre los reproches que le atribuyen a un jefe comunal, surge uno que describe con crudeza extrema, la sensación que riega su conducción: “te quejás del Gobierno nacional y de Gendarmería, criticás a la Comunal. ¿Qué estás haciendo con la bonaerense que depende de vos?”.
Hasta ahora, su principal programa de gestión ha sido llevar al extremo su pelea con el Gobierno nacional por la participación de los gendarmes en la prevención del delito. Una parte de razón le cabe, justo es reconocerlo: la provincia requiere asistencia por todos lados, y su área no es la excepción.
La supuesta falta de apoyo del Gobierno nacional que denunció públicamente, tal vez lo hizo cambiar de opinión con relación a su propia fuerza. Arrancó denunciando que casi la mitad de su Policía estaba sumariada. Eso y sembrar la idea de que gobernaba un ejército de potenciales delincuentes es casi lo mismo. Después culpó a Vidal de esa situación, y viró su discurso. Ahora asegura que la ex Gobernadora desarticuló la fuerza con sumarios absurdos, y volvió a reincorporar efectivos.
Berni le impuso a su gestión al frente del Ministerio de Seguridad una impronta presencial muy fuerte que incluyó su participación, arma en mano, en medio de un operativo policial. Tal vez sea la marca registrada que le sirve, además, para confrontar con su par nacional. Si la vara de la eficacia de un funcionario público en términos de la gestión fuesen sus apariciones, a juzgar por su presencia mediática permanente, Berni sería mejor panelista que ministro de Seguridad.
Durante lo que va de pandemia, el Covid-19 ha sido principal aliado. En el discurso oficial, todo lo que pasa en la Provincia en el área de seguridad está directa o indirectamente relacionado con la pelea contra el virus.
Veamos. Primero bajaron los delitos por el encierro; después empezaron a crecer a tono con la flexibilización de las salidas. Más tarde, la amenaza sobre la seguridad recayó en la decisión de la justicia de ordenar prisiones domiciliarias a la población de riesgo alojada en cárceles. Fue una decisión que tomó el mundo entero, porque –se sabe- el encierro, agravado en este caso por situaciones de hacinamiento que rozan en muchos casos el trato inhumano, se transformaba en un foco de contagio que podía desencadenar una crisis humanitaria. Pareciera que las recomendaciones de los más prestigiosos organismos internacionales, replicadas por la mayoría de los países, fueron, en realidad, un complot para desestabilizar la seguridad pública de los bonaerenses.
Más tarde, se dijo, irrumpió una nueva modalidad delictiva, esta vez producto de la crisis económica: el robo creciente protagonizado por personas sin antecedentes penales que se volcaban a la delincuencia para subsistir. Hubo varias otras explicaciones de cuestiones vinculadas con la inseguridad, responsabilizando a la pandemia. Una de las últimas, la más disparatada, asegura que los motochorros tienen que robar más veces para recaudar lo mismo que en un par de atracos en épocas de normalidad porque –otra vez- la crisis hace que sus víctimas deambulen con menos efectivo encima.
Las culpas de los hechos de inseguridad se encadenan, con promocionada insistencia en las pantallas de televisión, con diferentes fases de la pandemia. Se transformaron casi en una variable más de la crisis sanitaria que se disparó en el mundo. La lógica siempre es la misma: la responsabilidad, está afuera.
En la semana que termina Berni avanzó contra la Justicia. De manera histriónica, responsabilizó a los jueces de un hecho que su gestión debería haber evitado. Quizá su perfil mediático le sirvió para direccionar el foco de la atención periodística en el final del proceso, la reacción violenta de la víctima de un hecho delictivo, sin reparar en las circunstancias que desencadenaron el hecho: la inseguridad en la que se vive en vastos sectores del conurbano. Según para que lado enfoquen las cámaras, emergerá la responsabilidad que le cabe a cada uno en esta tragedia. Más vale apuntarlas para el lado de la Justicia.
En cuestión de minutos, el actual ministro de Seguridad se transformó en Sergio Bullrich, y determinó que la Justicia, “defiende delincuentes”. Como si existiera en la legislación jurídica argentina un Derecho penal ‘de autor’, y no ‘de hecho’. Las palabras “delincuentes” y “víctimas”, se sabe, no son categorías juzgables. Surgen, en todo caso, del “hecho”, que es lo que la Justicia investiga. En este caso la muerte de una persona. El hombre fue imputado de homicidio. Hasta Etchecopar lo entendió esta vez. Hay que hacer fuerza para quedar a la derecha de esa posición.
En casos como el que ocurrió en Quilmes, la imputación siempre es la misma, porque en el medio una persona mató a otra. Homicidio. El delito nunca extingue. En todo caso, la defensa deberá demostrar que el imputado no es punible, si logra convencer al tribunal que se trató de un hecho de legítima defensa, o, por caso, de emoción violenta. Pero para que eso ocurra se torna imperativo realizar, de mínima, una reconstrucción del hecho, además de pericias psiquiátricas y/o psicológicas al imputado.
¿Puede un funcionario público concluir 10 minutos después del hecho, sin la mínima herramienta de prueba que impone el debido proceso, que una persona debe ser exculpada por “legítima defensa”?. Tal afirmación se parece a un caprichoso deseo de anular la investigación. Una proclama demagógica que no se condice con el mínimo respeto al procedimiento judicial que recién empieza.
Con la lógica de Sergio Berni, azuzada también por Patricia Bullrich, y de manera irresponsable por un sector del periodismo, habría que abolir la justicia y que juzgue y condene a mano alzada un tribunal popular, según la cara del imputado. Nadie niega que tal debate no represente el sentir de un sector de la sociedad, cansada de los hechos delictivos que se repiten, y por cierto también claramente ideologizados para un lado. Tampoco se proclama la santidad de un Poder Judicial ciertamente ineficaz, para no ser grosero, en la administración de justicia, ni se pronostica una condena contra el imputado que quizá, al final del proceso, logre demostrar que reaccionó dentro de los laxos márgenes permitidos por la ley penal. Pero no puede un funcionario público de un poder del Estado, erigirse en la voz cantante de un reclamo que lesiona la garantía más elemental del Estado de derecho, el debido proceso.
Mientras la inseguridad en la Provincia se discute con tono escandaloso en el prime time de la televisión argentina desparramando culpas, los números del delito crecen. Sólo en la capital bonaerense, donde el Ministerio de Seguridad juega de local, la cantidad de asesinatos a esta altura del año –promediándolo- ya superan el total de los registrados en todo 2019. En ese contexto, Berni encontró en el Jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, un inesperado aliado. El Ministerio público fiscal que conduce quien fuera mano derecha de María Eugenia Vidal y conserva desde la reforma de Arslanián la exclusividad en la difusión de la estadística delictiva que surge de las investigaciones iniciadas, no se actualizan desde diciembre de 2018. Un atraso inaudito de más de un año y medio a esta parte.
En medio de un show con características mediáticas en la que se desparraman culpas para todos lados, en la Provincia buscan aún a Facundo Castro, que salió de su casa en la localidad de Pedro Luro el 30 de abril y desde entonces su familia no lo vio más. Una causa en la que la Justicia investiga la presunta participación de efectivos de la policía que conduce Sergio Berni. En la semana que termina, Cristina Castro, la mamá de Facundo, le dijo a FM CIELO que después de hablar con el ministro de Seguridad, le quedo la triste sensación de que el funcionario sabía que no volvería a ver con vida a su hijo.
Siempre es ingrato comparar tragedias policiales, pero puestos en la balanza de la racionalidad, la desaparición de un pibe con hipótesis de ser ‘forzada’ por presunta participación policial –un hecho que la Justicia investiga y deberá resolver- debería ocupar mayor compromiso de quien está al frente de la fuerza sospechada, por sobre cualquier interés de inmiscuirse en los detalles de una causa que se disputa entre la legítima defensa, y la justicia por mano propia.
En el arranque de la Pandemia, el ministro de Seguridad protagonizó lo que fue, quizá, la primera declaración de guerra en público contra su par nacional, Sabina Frederic, a través de la red social twitter. Aquella vez –se dijo-, la culpa fue de su commuty manager, que terminó echado. Si es complicado controlar a quien te maneja una red social, imagínate lo que debe ser conducir el mayor ejército del país, mal pertrechado y cargado de mañas. AA
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