Mientras en el Senado bonaerense aguardan que el proyecto de indexación de indemnizaciones termine de debatirse en comisiones, las pymes esperan que no se apruebe en el recinto y vuelva a Diputados, donde obtuvo media sanción.
El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, aseguró a INFOCIELO que la fórmula de indexación de indemnizaciones que plantea el proyecto “es una gran preocupación para el sector”, y que afecta particularmente a las pymes, ya golpeadas por la crisis económica.
Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires rige la doctrina Barrios, un fallo de la Suprema Corte bonaerense donde estableció la inconstitucionalidad de no indexar por inflación los montos de los fallos. Sin embargo, desde las pequeñas y medianas empresas advierten que desde su aplicación, las fórmulas establecidas generan resultados excesivos y aumentan la litigiosidad en un contexto económico de recesión.
“Se está perdiendo el empleo, y con esto las empresas no van a tomar más gente. Si quieren incrementar las indemnizaciones por despido, ¿quién va a tomar trabajadores?”, alertó Fernández, quien ayer participó de una reunión con el Jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos.
La principal preocupación de la industria, no obstante, es la caída en la actividad por la recesión. “Estamos tratando de buscar las alternativas y ver si podemos volver a planes que generen consumo”, afirmó a este medio el presidente de CGERA. El Gobierno afirma que intentará tomar medidas, siempre y cuando no pongan en tensión el superávit fiscal ni incrementen la inflación.
Las pymes, el sector más golpeado por la recesión
Cabe recordar que las pymes son uno de los sectores más golpeados por la recesión económica que se produjo durante la gestión de Javier Milei. Más de 10.000 empresas han cerrado sus puertas por las caídas en las ventas y en la producción, sumado al aumento de los costos en los servicios.
El proyecto de modificar las indexaciones por indemnización fue presentado por las diputadas provinciales de Unión por la Patria, Maite Alvado y Soledad Alonso. Allí se busca establecer el coeficiente CER más una tasa del 6% anual para la indexación en los fallos judiciales indemnizatorios, atendiendo a la demora que suele haber en los procesos judiciales desde que se establece la exigibilidad hasta el pago.
Si bien en la cámara baja consiguieron que el proyecto sea aprobado, la advertencia por parte de sectores empresarios afines al Gobierno provincial de que podría generar una importante caída en la generación de empleo sembró un manto de dudas e hizo recalcular al oficialismo. Por lo pronto, desde el ejecutivo provincial se desmarcaron de la iniciativa y aseguran que no es un proyecto del Gobierno.
